El ex titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, fue imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la compañía estatal.

La decisión fue tomada por el fiscal federal Ramiro González en el expediente que tramita el juez Daniel Rafecas y que busca esclarecer gastos por aproximadamente 313 mil dólares considerados “ajenos al objeto social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ajenos a cualquier finalidad institucional”.

Reidel, quien además se desempeña como asesor presidencial, había dejado la conducción de la empresa energética en febrero pasado, en medio de cuestionamientos por presuntos sobreprecios y manejo irregular de fondos.

La investigación tomó impulso luego de la difusión de documentación incluida en un informe de gestión presentado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se detallaban consumos realizados con tarjetas corporativas entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Según trascendió, entre los gastos registrados aparecieron consumos en hoteles, restaurantes, pubs, casas de ropa, peluquerías, discotecas en Madrid, servicios de playa en Valencia y compras en free shops de distintas ciudades del mundo.

Además, el informe reflejó adelantos de efectivo por aproximadamente 56 millones de pesos.

La revelación generó un fuerte escándalo político y derivó en la apertura de una investigación judicial para determinar responsabilidades y establecer si existió un uso indebido de recursos públicos.

Tras conocerse el caso, Reidel salió públicamente a rechazar las acusaciones y aseguró que no realizó gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa.

“Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”, sostuvo el exfuncionario a través de un mensaje publicado en la red social X.

En ese mismo descargo, afirmó que las publicaciones periodísticas “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa” e indicó que “intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta”.

“Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, agregó.

La causa ahora avanza bajo la órbita del juzgado federal de Rafecas, que deberá analizar la documentación incorporada y definir si los consumos investigados constituyen delitos vinculados a la administración de fondos públicos.