El Gobierno nacional dispuso una recomposición salarial para la primera línea del Estado que acumula una suba del 123,8 por ciento en los últimos cinco meses, en el marco de un proceso de “descongelamiento” de haberes que impacta en más de mil funcionarios.

La medida fue instrumentada a través del decreto 931/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y responde a la decisión oficial de actualizar los salarios tras más de un año sin modificaciones desde diciembre de 2023.

El incremento alcanza a la cúpula de la administración pública, incluyendo a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de empresas estatales y organismos descentralizados. Entre los nombres involucrados figura también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con la actualización, los ministros y funcionarios con rango equivalente percibirán salarios brutos que superan los 8 millones de pesos mensuales, muy por encima de los poco más de 3,5 millones que cobraban a fines del año pasado. En el caso de los secretarios y subsecretarios, los ingresos también registran subas significativas, con incrementos escalonados mes a mes.

Desde el oficialismo justificaron la medida como un intento de equiparar los sueldos de la alta conducción estatal con las paritarias del sector público, con el objetivo de corregir el atraso acumulado durante el período de congelamiento.

Quedaron excluidos del esquema el propio Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes mantienen sus ingresos sin modificaciones desde el inicio de la gestión. El mandatario aseguró recientemente que es “el único que no se aumentó el sueldo”.

El decreto incluye además una cláusula de ajuste fiscal que establece que, en caso de registrarse déficit en las cuentas públicas, los salarios de los funcionarios alcanzados quedarán congelados automáticamente, suspendiendo cualquier incremento futuro.

A pesar de la magnitud de las subas, los salarios del Poder Ejecutivo continúan por debajo de los percibidos en otros ámbitos del Estado. En el Congreso, diputados y senadores superan los 11 millones de pesos mensuales, mientras que en el Poder Judicial los ingresos escalan aún más, con jueces que llegan a percibir hasta 20 millones en la Corte Suprema.

La medida reabre el debate sobre los niveles salariales en la función pública en un contexto de ajuste económico y caída del poder adquisitivo en amplios sectores de la sociedad.