La decisión de la Cámara Nacional del Trabajo de suspender la cautelar que frenaba parte de la reforma laboral abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional. El foco se trasladó rápidamente a uno de los magistrados que firmaron el fallo, Víctor Arturo Pesino.

Horas después de la resolución judicial, el Gobierno avanzó con el trámite para extender la permanencia de Pesino en el cargo más allá de los 75 años, el límite fijado por la Constitución Nacional para los jueces. La medida, impulsada a través del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, deberá ser ahora tratada en el Senado, donde se definirá su continuidad por un nuevo período de cinco años.

El fallo, firmado también por la jueza María Dora González, no anuló la cautelar previa dictada por Raúl Ojeda, pero le otorgó efecto suspensivo. En la práctica, esto permitió que más de 80 artículos de la reforma laboral vuelvan a estar vigentes mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionaron con dureza la decisión judicial y advirtieron que implica un retroceso en derechos laborales, además de apartarse —según sostienen— de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

El presidente Javier Milei celebró el fallo en redes sociales, mientras que desde la oposición surgieron fuertes críticas tras conocerse el avance sobre la continuidad de Pesino.

El senador Mariano Recalde calificó la situación como “un intercambio obsceno a la vista de todos”, al sugerir un vínculo directo entre el fallo favorable al Gobierno y el impulso al juez. En la misma línea, el diputado Rodolfo Tailhade cuestionó públicamente a los magistrados involucrados.

También desde el ámbito jurídico se encendieron alertas. La abogada laboralista Natalia Salvo consideró “muy llamativo” que el trámite para extender el mandato del juez se haya activado inmediatamente después de la resolución.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la reforma laboral y el rol del Poder Judicial, con cuestionamientos cruzados sobre la constitucionalidad de las medidas impulsadas por el Gobierno.

En los próximos días se abrirá la etapa de impugnaciones al pliego de Pesino. Luego, el Ejecutivo deberá enviarlo al Senado, donde el magistrado deberá defender su continuidad.

Mientras tanto, la discusión de fondo sobre la validez de la reforma laboral seguirá su curso en los tribunales, en un escenario marcado por crecientes tensiones políticas, judiciales y sindicales.