El debate sobre la medición de la pobreza volvió al centro de la escena tras los últimos datos difundidos por el INDEC, que ubicaron el índice en 28,2% para el segundo semestre de 2025, equivalente a 8,5 millones de personas. Sin embargo, distintos análisis ponen en duda esa mejora y advierten sobre posibles distorsiones en la metodología.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas sostiene que la caída podría estar sobreestimada en al menos cuatro puntos porcentuales. Según ese estudio, existe una fuerte contradicción entre los datos oficiales y otros indicadores como el consumo, los salarios y el empleo, que muestran un deterioro sostenido en el mismo período.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta a la Encuesta Permanente de Hogares, utilizada para medir los ingresos. De acuerdo con el informe, los valores relevados reflejan subas que no coinciden con otras fuentes. En el sector privado, por ejemplo, la encuesta marca una mejora real del 20%, mientras que el índice de salarios evidencia una caída del 3,4%. En el sector público, la diferencia es aún mayor.

Esta brecha también se replica en las jubilaciones, donde los ingresos captados por la encuesta aparecen por encima de la evolución real de los haberes. Para los especialistas, esta sobreestimación impacta directamente en la medición de pobreza, al reducir de manera artificial la cantidad de personas bajo la línea.

Otro eje crítico es la Canasta Básica Total, referencia central para definir la pobreza. Su cálculo sigue basado en patrones de consumo de 2004-2005, lo que genera un desfasaje respecto de la estructura actual de gastos, especialmente en un contexto donde los servicios crecieron más que los bienes.

En paralelo, los datos de consumo refuerzan el diagnóstico de deterioro: las ventas en supermercados cayeron 11,3% desde noviembre de 2023 y en mayoristas el retroceso alcanza el 18,7%. A la vez, se incrementó el uso de tarjetas de crédito para sostener el gasto cotidiano, reflejando un mayor nivel de endeudamiento de los hogares.

Los indicadores no monetarios también muestran señales de alerta. Un 22% de la población vive en viviendas de calidad insuficiente, cerca del 19% presenta tenencia precaria y el 14,5% enfrenta problemas de saneamiento. A esto se suma una reducción del gasto social cercana al 20% en términos reales, con impacto en áreas sensibles.

El informe advierte además sobre el efecto distorsivo del aguinaldo en las mediciones, ya que al excluir ese ingreso extraordinario los niveles de pobreza resultan más altos, lo que sugiere que parte de la mejora tiene un componente estacional.

En este contexto, distintas voces sostienen que la metodología actual no logra captar plenamente el impacto de la inflación ni la pérdida del poder adquisitivo. La combinación de ingresos sobreestimados, canastas desactualizadas y caída del consumo configura, según estos análisis, una imagen más optimista que la realidad económica.

El contraste se evidencia incluso en consumos básicos: la venta de yerba mate cayó 9% interanual en febrero, un dato simbólico en un país donde este producto suele funcionar como termómetro social. Así, mientras las estadísticas oficiales muestran una mejora, el debate sobre cómo medir la pobreza y reflejar la situación real de la sociedad continúa abierto.