Una ola de protestas se desplegó en distintos puntos del país protagonizada por familiares, profesionales y pacientes vinculados al sistema de atención a personas con discapacidad, en rechazo a recortes y demoras en los pagos que —según denuncian— ponen en riesgo la continuidad de tratamientos.

La principal concentración tuvo lugar frente al Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también se registraron movilizaciones en ciudades como Mar del Plata y Córdoba. La convocatoria fue impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuclea a instituciones de todo el país.

El eje del reclamo es la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, sancionada por el Congreso en 2025, y el rechazo a un nuevo proyecto oficial que —según advierten— podría reducir prestaciones y coberturas.

Durante la jornada, las consignas reflejaron el nivel de malestar: “Cumplan con la ley” y “Ni un derecho menos” fueron algunas de las frases más repetidas en carteles y pancartas.

Desde las organizaciones denunciaron que existen deudas en los pagos a prestadores desde octubre, además de demoras en transferencias del programa Incluir Salud, lo que compromete el funcionamiento de centros de atención y profesionales independientes.

“La situación impide pagar salarios, sostener servicios básicos y garantizar insumos”, señalaron desde el sector, al advertir que podría producirse un cese generalizado de prestaciones si no hay una respuesta inmediata.

En ese contexto, el titular de la Asociación de Electrodependientes, Mauro Stefanizzi, describió un escenario crítico: “Faltan pañales, medicamentos, sondas y atención de enfermería. No se puede sostener así”.

Las familias también expusieron casos concretos. Marcela Gómez, madre de un niño con internación domiciliaria, aseguró que no consigue enfermeras por los bajos honorarios: “Les pagan 3.000 pesos la hora. Nadie acepta trabajar en esas condiciones”.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, sostienen que existen irregularidades en el sistema de pensiones, aunque las organizaciones rechazan esa explicación y aseguran que no se presentaron pruebas que justifiquen los recortes o demoras.

Además del cumplimiento de la ley vigente, el sector exige una actualización urgente de aranceles, el envío regular de fondos y la garantía de cobertura integral para evitar la interrupción de tratamientos.

En paralelo, pidieron al Congreso que rechace cualquier iniciativa que implique un retroceso en derechos, en un contexto que definen como de “emergencia” y creciente vulnerabilidad para las personas con discapacidad en todo el país.