En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita las prestamistas del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quienes confirmaron haberle otorgado un financiamiento de 100 mil dólares respaldado por una hipoteca sobre un departamento ubicado en Parque Chacabuco.

Se trata de la comisaria retirada Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, la oficial Victoria María José Cancio, quienes aseguraron que el funcionario aún adeuda 70 mil dólares más intereses, con vencimiento en noviembre de este año.

Según consta en el expediente, ambas figuran como acreedoras en una hipoteca no bancaria por 100 mil dólares, de los cuales 85 mil fueron aportados por Molina de Cancio y 15 mil por su hija. La operación se concretó el mismo día en que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en un country de Exaltación de la Cruz.

La escribana Adriana Nechevenko declaró públicamente que fue quien vinculó a las prestamistas con Adorni para concretar la operación. En ese sentido, sostuvo que no hubo irregularidades y explicó que el acuerdo se realizó dentro de un marco habitual para este tipo de transacciones.

De acuerdo a su versión, la operación se estructuró como una compra a pagar en cuotas, es decir, un financiamiento directo por parte de los vendedores y no como un préstamo externo. La transacción quedó formalizada mediante una hipoteca, con una tasa de interés del 11 por ciento anual y pagos mensuales.

La investigación judicial también se extiende a otras operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario. En los próximos días deberán declarar Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas, quienes le vendieron un departamento en condiciones particulares: habría sido entregado a cambio de 30 mil dólares y el compromiso de saldar otros 200 mil en el plazo de un año, sin intereses.

Además, fue citado Pablo Martín Feijoo, señalado como allegado al funcionario. Según surge de la causa, fue quien reservó el inmueble que originalmente pertenecía al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró haberlo vendido en malas condiciones por 200 mil dólares apenas tres meses antes de la reventa.

Mientras avanza la investigación, Adorni mantiene respaldo político dentro del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó junto a él de una actividad en el Instituto Malbrán, en un gesto interpretado como apoyo en medio de las denuncias.

En este contexto, la situación judicial del jefe de Gabinete continúa bajo la lupa, con nuevas declaraciones previstas y una serie de operaciones que la Justicia busca esclarecer para determinar si existieron o no irregularidades en su patrimonio.