La situación judicial de Manuel Adorni suma nuevos capítulos y lejos de apaciguarse, el caso se expande. La fiscalía avanza sobre una serie de viajes al exterior realizados desde 2023 hasta la actualidad, que podrían alcanzar entre 15 y 19 vuelos, en el marco de una investigación que busca determinar si existió enriquecimiento ilícito.

El expediente está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien prevé impulsar nuevas medidas de prueba para esclarecer los destinos, la financiación y el carácter de esos traslados. La investigación abarca tanto vuelos oficiales como viajes personales, algunos de ellos a Europa, que también involucran a la pareja del funcionario.

El eje central de la causa apunta a establecer si los ingresos declarados por Manuel Adorni y su entorno son compatibles con el nivel de gastos detectado. En ese sentido, la Justicia analiza si los viajes fueron solventados con recursos propios o si podrían encuadrarse en figuras como dádivas o enriquecimiento ilícito.

En paralelo, la investigación también se extiende a operaciones inmobiliarias que no figuran en sus declaraciones juradas. Una de ellas corresponde a una propiedad en el Indio Cuá Golf Club, adquirida en 2024, y otra a un departamento en el barrio porteño de Caballito, comprado en 2025.

Por estas operaciones deberá declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en las transacciones. En el caso del departamento, la documentación indica que fue adquirido mediante un préstamo no bancario otorgado por dos jubiladas, quienes —según trascendió— negaron conocer la operación.

Uno de los episodios que disparó la investigación fue un viaje a Punta del Este que el funcionario realizó junto a su familia durante el fin de semana largo de carnaval, a bordo de un avión privado. Según las primeras versiones, el traslado habría sido financiado por el periodista Marcelo Grandío.

En este contexto, Manuel Adorni incorporó recientemente al abogado Matías Ledesma para su defensa, en medio de un escenario judicial cada vez más complejo.

Mientras tanto, el respaldo político se mantiene. El presidente Javier Milei sostuvo públicamente a su jefe de Gabinete y ambos compartieron actividades oficiales, incluyendo una reunión en la Quinta de Olivos.

Sin embargo, dentro del Gobierno reconocen que el impacto político es significativo. Manuel Adorni está involucrado en al menos tres causas judiciales, dos de ellas bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, vinculadas a sus viajes y a la evolución de su patrimonio.

En la Casa Rosada intentan sostener la agenda de gestión, pero el avance de la investigación condiciona el escenario político. El desafío para el oficialismo no solo pasa por el devenir judicial del caso, sino también por la eventual necesidad de redefinir su estructura si la situación del funcionario se agrava.