El precio de la nafta en Argentina superó en marzo los $2.000 por litro y ya se ubica, en promedio, un 35% por encima del valor que pagan los consumidores en Estados Unidos. Según un informe del Instituto Argentina Grande, mientras en territorio estadounidense el litro ronda los USD 1,05, en el mercado local asciende a USD 1,42.

El encarecimiento se produce en un contexto de fuerte volatilidad internacional del petróleo, impulsada por la guerra en Medio Oriente. Este escenario se traslada al mercado interno a partir de la política oficial de alinear los precios locales con los globales, una decisión que, según especialistas, expone directamente a los consumidores a las crisis externas.

Uno de los cambios clave fue la eliminación del llamado “Barril Criollo”, un mecanismo que funcionaba como amortiguador frente a las variaciones internacionales. Sin esa herramienta, los precios domésticos quedaron más atados a la cotización del crudo, en línea con el esquema impulsado por el gobierno de Javier Milei.

De acuerdo a fuentes del sector, los combustibles acumulan un aumento cercano al 15% desde fines de febrero, cuando se intensificó el conflicto bélico. En términos más amplios, desde el inicio de la actual gestión, la nafta aumentó un 514%, con una suba real del 56,9%, superando tanto la inflación como la evolución de los salarios.

El informe también advierte que en lo que va del año el precio del combustible creció un 18,7%, el doble que la inflación, lo que podría seguir presionando sobre el costo de vida y la actividad económica.

En este escenario, el Gobierno decidió postergar hasta el 1° de mayo la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 217/2026, con el objetivo de evitar un mayor traslado a precios.

Sin embargo, la carga impositiva ya muestra un fuerte incremento: a marzo de 2026, el tributo sobre los combustibles se ubicaba un 118% por encima —en términos reales— respecto al final de la gestión anterior, duplicando su incidencia en el precio final.

A su vez, el documento señala un desfasaje entre lo recaudado y su destino. Parte de esos fondos no se traduce en inversión en infraestructura vial: en 2025, el gasto en obras de mantenimiento cayó más de un 70% en términos reales respecto a 2023, alcanzando niveles mínimos en décadas.

El deterioro de rutas, sumado al aumento de los costos logísticos, configura un escenario de impacto directo en la economía y en la seguridad vial, en un contexto donde el precio del combustible se consolida como una de las principales variables de presión sobre el bolsillo de los argentinos.