La Cámara de Diputados de la Nación Argentina se encamina a una definición sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto donde el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para su sanción definitiva.

El cuerpo convocó a un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para avanzar con el dictamen del proyecto, que ya tiene media sanción del Senado de la Nación Argentina. La iniciativa propone que las provincias definan qué se considera zona periglaciar dentro de sus territorios.

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En esa instancia se desarrollará la última ronda de exposiciones, con equipos técnicos de distintas gobernaciones. Tras ello, el oficialismo buscará firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto, con la mira puesta en una sesión prevista para los próximos días.

Desde La Libertad Avanza sostienen que el respaldo está asegurado. Sin embargo, el texto enfrenta resistencias de bloques como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas. Aunque algunos legisladores admiten que podría haber divisiones internas, reconocen que frenar la iniciativa aparece como un escenario complejo.

Las críticas no solo apuntan al contenido del proyecto, sino también al procedimiento. Legisladores y especialistas cuestionaron la modalidad de audiencias públicas —una presencial y otra con exposiciones grabadas— al considerar que limitó la participación.

En cuanto al fondo, distintos sectores advierten que la reforma podría derivar en conflictos judiciales, tanto por el impacto ambiental como por posibles irregularidades en su tratamiento. Desde el peronismo recordaron antecedentes como el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que ratificó la constitucionalidad de la ley vigente frente a planteos de la minera Barrick Gold.

También surgieron cuestionamientos por la exclusión de la comisión de Minería en el debate. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó esa decisión y sugirió que se buscó evitar vincular directamente la reforma con la actividad extractiva, pese a la relación evidente entre ambas.

Con este escenario, el oficialismo avanza hacia una votación clave, mientras crecen las tensiones políticas y las advertencias sobre el posible impacto legal y ambiental de la reforma de la Ley de Glaciares.