La Justicia de Estados Unidos anuló la condena contra Argentina en el marco del caso YPF y ordenó a la jueza Loretta Preska dictar una nueva sentencia. De esta manera, el país evita por el momento el pago de unos 16.000 millones de dólares que habían sido fijados en primera instancia.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que consideró que la ley de nacionalización de la petrolera prevalece por sobre los reclamos de los accionistas. El tribunal desestimó así el argumento central del fallo previo, que sostenía que el Estado argentino había incumplido el estatuto de la compañía durante el proceso de expropiación.

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En su resolución, los jueces señalaron que, incluso si se interpretara que existía un contrato bilateral, los reclamos por daños y perjuicios quedaban excluidos por la ley pública argentina que regula la expropiación. De este modo, se reforzó la posición del país en torno a la legalidad del proceso realizado en 2012.

El fallo también validó la ley 26.741, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con participación del entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Además, el tribunal consideró correcta la exclusión de YPF del litigio, al entender que la empresa no formaba parte directa de la demanda.

Asimismo, la sentencia sostuvo que, según el derecho civil argentino, los estatutos de la compañía no generaban obligaciones contractuales bilaterales entre el Estado y los accionistas, lo que debilitó uno de los principales argumentos de los demandantes.

Pese a este giro favorable, el proceso judicial continúa abierto. Las partes aún tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría extender una disputa que se inició en 2015 y que ha tenido múltiples instancias y fallos contradictorios.

El caso había alcanzado un punto crítico en 2023, cuando la misma jueza Preska falló contra Argentina y ordenó el pago de la millonaria indemnización. A partir de entonces, el Estado nacional avanzó con una apelación que derivó en la resolución conocida en las últimas horas.

Tras conocerse la decisión, el presidente Javier Milei celebró el resultado y lo calificó como un día de gran importancia para el país. Desde el Gobierno destacaron que el fallo representa un avance clave en la defensa del patrimonio público y en la estrategia jurídica desplegada a nivel internacional.

La resolución también se produjo en un contexto de respaldo político desde Washington. A comienzos de marzo, la administración de Donald Trump presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones apoyando la posición argentina y cuestionando algunos pedidos del proceso por considerarlos excesivos.

Días más tarde, la Justicia estadounidense decidió frenar temporalmente las demandas vinculadas al caso, lo que fortaleció la postura del país antes de este nuevo fallo de segunda instancia.

Aunque el panorama es ahora más favorable, el conflicto está lejos de cerrarse y mantiene en vilo a los mercados y a la política, en torno a uno de los litigios más relevantes de la historia reciente argentina.