La Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina en la causa por la expropiación de YPF, impulsada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclamaban una indemnización superior a los 16.000 millones de dólares. El tribunal determinó que la nacionalización realizada en 2012 se ajustó al derecho argentino, lo que representa un respaldo clave a una de las decisiones económicas más trascendentes de los últimos años.

La resolución generó una rápida reacción del presidente Javier Milei, quien celebró el resultado favorable para el país pero, al mismo tiempo, cuestionó los fundamentos jurídicos del fallo. En sus declaraciones públicas, reiteró su postura crítica al sostener que la expropiación “estuvo mal”, en contraste con la decisión judicial que validó el proceso.

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Desde el Gobierno destacaron que el fallo permitió revertir un escenario adverso. Sin embargo, durante el desarrollo del litigio, Milei había expresado posiciones coincidentes con las de los demandantes al cuestionar la legalidad de la expropiación. Tras conocerse la sentencia, el mandatario insistió en que “expropiar está mal” y vinculó el conflicto con años de falta de inversión en el sector energético.

La sentencia fue contundente al establecer que la expropiación se realizó conforme a la legislación argentina. En ese marco, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la decisión judicial confirma que la medida se ajustó a derecho y remarcó que permitió recuperar la soberanía energética, con el desarrollo de Vaca Muerta como uno de sus principales resultados.

En la misma línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que el fallo deja en evidencia años de cuestionamientos infundados y subrayó que los argumentos de la defensa del Estado fueron sostenidos desde el inicio del proceso. Además, calificó la nacionalización como una decisión estratégica para el país.

El litigio, iniciado en 2015, había tenido un revés en 2023, cuando la jueza Loretta Preska ordenó el pago de una indemnización millonaria. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión al considerar que los tribunales estadounidenses no debían intervenir en un caso regido por el derecho público argentino.

Especialistas señalaron que el eje de la defensa se centró en sostener la validez constitucional de la expropiación y en cuestionar la jurisdicción extranjera para resolver el conflicto. En ese sentido, destacaron la continuidad de la estrategia jurídica a lo largo de las distintas gestiones.

A pesar del resultado favorable, el proceso no está completamente cerrado, ya que las partes aún pueden intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque se considera poco probable que esa instancia lo revise.

En paralelo, Milei anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar el régimen de expropiaciones, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro. La iniciativa abre un nuevo escenario de debate político, en torno a una herramienta legal que acaba de ser respaldada por la propia Justicia estadounidense.

Más allá del alivio económico que implica la decisión, el fallo reavivó la discusión sobre el rol del Estado, la soberanía energética y las tensiones políticas en torno a una medida que continúa marcando la agenda pública argentina.