La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se agravó en las últimas horas tras la declaración de un testigo que puso en duda su versión sobre el financiamiento de un viaje en avión privado a Punta del Este. La investigación ahora se enfoca en posibles irregularidades vinculadas a dádivas, contratación estatal y la evolución de su patrimonio.

El piloto Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo no habría sido abonado por el propio funcionario, como este había sostenido públicamente, sino por la productora de Marcelo Grandio, un empresario que mantiene vínculos contractuales con el Estado. Esta afirmación contradice de manera directa las declaraciones previas de Adorni.

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De acuerdo con el testimonio, el tramo de ida fue facturado entre la empresa de vuelos y la productora mencionada, mientras que el regreso habría sido abonado en efectivo mediante un intermediario. Además, se detectaron inconsistencias en los montos y en las fechas de facturación, lo que incrementa las sospechas sobre la operatoria.

En este contexto, el juez Ariel Lijo solicitó a la Televisión Pública la documentación de los contratos vigentes con la productora involucrada, con el objetivo de determinar si existió algún tipo de contraprestación indebida. La causa también se amplió hacia el análisis patrimonial del funcionario.

Tras la unificación del expediente con otra investigación previa, surgieron nuevas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. El funcionario reconoció residir en un departamento ubicado en el barrio de Caballito que no figura declarado y cuyo valor estimado supera los 300.000 dólares. Con este dato, se contabilizan al menos cuatro propiedades vinculadas a su nombre, de las cuales dos no habrían sido informadas oficialmente.

El jefe de Gabinete sostuvo que todos sus bienes se encuentran declarados, aunque luego admitió el cambio de domicilio. La brecha entre sus ingresos y el valor de los activos bajo análisis alimenta las sospechas de un posible enriquecimiento ilícito.

En paralelo, el funcionario enfrenta otra investigación judicial relacionada con el uso del avión presidencial, en la que se analiza el viaje de su esposa a Nueva York. Según su versión, se trató de una invitación del presidente Javier Milei, aunque los costos asociados también generan cuestionamientos.

Mientras las causas avanzan en distintos frentes judiciales, Adorni se mantiene en su cargo con respaldo del Gobierno nacional. Sin embargo, el caso continúa escalando tanto en el ámbito judicial como en el político, en un escenario que tensiona el discurso oficial sobre la transparencia y la austeridad.