La situación judicial de Manuel Adorni se vuelve cada vez más delicada a medida que avanza la investigación por presuntas irregularidades en su patrimonio, viajes y estilo de vida. Las diferencias entre sus ingresos declarados y sus gastos encendieron alertas tanto en la Justicia como dentro del propio gobierno de Javier Milei.

Uno de los focos principales de la causa es un viaje a Punta del Este realizado durante el verano, cuyo traslado en jet privado habría superado los 8.000 dólares. Según consta en el expediente, el vuelo de ida habría sido abonado por una productora vinculada al conductor televisivo Marcelo Grandio, lo que podría configurar una dádiva si se comprueba que la empresa mantiene vínculos contractuales con el Estado. El regreso, en tanto, habría sido cubierto por otra persona aún no identificada.

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La investigación está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes ordenaron diversas medidas de prueba. Entre ellas, solicitaron registros del Aeropuerto Internacional de San Fernando para reconstruir los movimientos del funcionario y su entorno, así como verificar el cumplimiento de controles migratorios y aduaneros.

En paralelo, el expediente sumó un nuevo elemento de peso: una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa Bettina Angeletti, que no figura en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Se trata de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, cuyo valor de mercado podría ubicarse entre los 129.000 y 249.000 dólares, con expensas mensuales elevadas.

Las sospechas se profundizan al analizar la estructura financiera del funcionario. De acuerdo con los datos incorporados a la causa, sus ingresos como funcionario no se condicen con gastos como alquileres en dólares, viajes internacionales y consumos con tarjeta de crédito por montos significativos, además de registrar deudas relevantes tanto a su nombre como al de su esposa.

La denuncia fue impulsada por dirigentes de la oposición, entre ellos Maximiliano Ferraro, quienes buscan determinar la posible comisión de delitos como enriquecimiento ilícito y recepción de dádivas.

Mientras tanto, en la Casa Rosada crece la preocupación por el impacto político del caso. Aunque públicamente se sostiene el respaldo al funcionario, en privado se multiplican las dudas sobre su continuidad y el origen de las filtraciones que alimentaron la investigación.

En ese contexto, el propio Adorni reconoció tensiones internas y deslizó sospechas sobre el origen de la información que llegó a la Justicia. El caso, que ya es conocido como “Adorni Gate”, amenaza con convertirse en uno de los focos de mayor desgaste político para el oficialismo en medio de un escenario cada vez más sensible.