La Confederación General del Trabajo presentó un amparo judicial contra la reforma laboral recientemente promulgada por el Gobierno nacional y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, en un intento por frenar su aplicación y lograr que sea declarada inconstitucional.

La acción fue presentada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde la central sindical sostienen que la nueva normativa vulnera derechos laborales consagrados en la Constitución de la Nación Argentina y en tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional.

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La organización gremial ya había anticipado su decisión de judicializar la ley incluso antes de su aprobación definitiva en el Senado de la Nación Argentina. Según argumentaron, el reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en que la reforma afecta el artículo 14 bis de la Constitución, que establece garantías laborales básicas para los trabajadores.

El planteo también menciona compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto de San José de Costa Rica, instrumentos que forman parte del bloque constitucional argentino.

“La mal llamada ley de ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, sostuvo la CGT en un comunicado difundido tras la presentación del recurso judicial.

Entre los principales argumentos del amparo, la central obrera afirma que la reforma viola el principio de progresividad o no regresión, que establece que los Estados no pueden adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en los derechos laborales ya adquiridos.

El documento también señala la supuesta vulneración del principio protectorio, un concepto fundamental del derecho laboral que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y busca restablecer un equilibrio que impida abusos sobre la parte más débil de la relación laboral.

Según la presentación judicial, la normativa afecta derechos contemplados en el artículo 14 bis, entre ellos la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social.

La CGT cuestiona además varios aspectos específicos del nuevo marco legal. De acuerdo con su interpretación, la ley habilita jornadas laborales de hasta doce horas, elimina el pago de horas extras y abre la posibilidad de una reducción salarial en determinadas condiciones.

Otro de los puntos señalados por la central sindical es la eliminación de sanciones para empleadores que no hayan realizado aportes o que hayan incumplido la legislación laboral vigente.

También criticó el mecanismo que permitiría pagar indemnizaciones por despido en cuotas a través de un Fondo de Asistencia Laboral. Según el planteo del gremio, ese esquema implicaría financiar los despidos con aportes de los propios trabajadores y podría provocar un desfinanciamiento del sistema de seguridad social.

La presentación judicial se enmarca, además, en un contexto económico que la organización sindical describe como deteriorado. Según su diagnóstico, durante los primeros dos años de la actual gestión se habrían perdido más de 300.000 puestos de trabajo.

Para la CGT, este escenario se refleja en un aumento de la desocupación, el cierre sostenido de empresas, industrias pymes y comercios, así como en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la caída de la inversión interna y una retracción general de la actividad económica, el consumo, el turismo y la recaudación tributaria.