Las provincias argentinas perdieron cerca de un billón de pesos durante los primeros dos meses del año debido a la caída de los recursos coparticipables. Pese al fuerte impacto fiscal en los distritos, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo continúan obteniendo respaldo de varios gobernadores para aprobar sus principales proyectos legislativos en el Congreso.

De acuerdo con un informe elaborado por el diputado Guillermo Michel, la recaudación registró una caída real del 7,6 por ciento en enero y del 9,7 por ciento en febrero. Esa baja representó una merma de 964.619 millones de pesos en los fondos coparticipables que se distribuyen entre las provincias.

El distrito más afectado fue la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, que perdió 204.499 millones de pesos en apenas dos meses. A diferencia de otros mandatarios, Kicillof utilizó gran parte de su discurso de apertura de sesiones para cuestionar las políticas económicas del Gobierno nacional y advertir sobre sus consecuencias para las provincias.

Detrás de Buenos Aires se ubicaron Provincia de Santa Fe y Provincia de Córdoba. En el caso santafesino, la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro registró una caída de 82.957 millones de pesos. En las últimas semanas, el mandatario enfrentó conflictos con trabajadores estatales, docentes y una crisis policial, aunque evitó responsabilizar públicamente al Gobierno nacional y participó del acto de apertura de sesiones del Congreso junto a otros gobernadores.

En Córdoba, conducida por Martín Llaryora, la pérdida alcanzó los 81.028 millones de pesos. Allí, la ausencia de tres diputados del peronismo cordobés resultó clave para la aprobación de la reforma laboral sin modificaciones. En ámbitos políticos se interpretó ese gesto como un factor que facilitó el envío de fondos nacionales para cubrir la deuda con la caja previsional provincial.

Durante una reciente visita a la provincia, Caputo confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social duplicará los giros mensuales para ese sistema, que pasarán de 5.000 a 10.000 millones de pesos a partir de mayo. Sin embargo, el titular de la caja cordobesa, Adrián Danele, advirtió que esa cifra representa apenas el 25 por ciento del déficit mensual estimado en 40.000 millones de pesos.

Michel cuestionó el respaldo de varios mandatarios provinciales a las políticas del Ejecutivo nacional. “No le encuentro explicación”, afirmó, y sostuvo que los fondos que la Casa Rosada puede transferir mediante Aportes del Tesoro Nacional o acuerdos por deudas previsionales están muy por debajo de las pérdidas provocadas por la caída de la coparticipación.

“El mes que viene va a ser peor. En abril va a mejorar la recaudación, pero será por la cosecha gruesa y eso no se coparticipa”, advirtió el legislador. Según explicó, la baja impacta tanto en los impuestos que se distribuyen entre las provincias como en tributos propios, como Ingresos Brutos, afectados por la caída de la actividad económica. A esto se suma la paralización de la obra pública nacional, que obliga a los distritos a asumir gastos adicionales.

Entre los gobernadores peronistas que mantienen diálogo con la Casa Rosada, el mandatario de Provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, registró una caída de 44.372 millones de pesos en el primer bimestre, mientras que Provincia de Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, perdió 25.050 millones.

En ambos distritos se multiplicaron los conflictos gremiales. En Catamarca se desarrolló una protesta docente considerada histórica por su nivel de convocatoria, a la que se sumaron trabajadores de la salud pública en reclamo de mejoras salariales y laborales. En Tucumán, los docentes también realizaron medidas de fuerza y mantienen el conflicto abierto, mientras que en Provincia de Jujuy las fuerzas de seguridad iniciaron reclamos por recomposición salarial.

En ese escenario, el panorama se vuelve cada vez más tenso: provincias con menos recursos, conflictos sociales en aumento y gobernadores que continúan respaldando al Gobierno nacional en el Congreso. La incógnita que circula en el ámbito político es cuánto tiempo podrá sostenerse ese equilibrio si la caída de ingresos y el deterioro social continúan profundizándose.