La Confederación General del Trabajo avanzó con su ofensiva judicial contra la Reforma Laboral aprobada a instancias del Gobierno nacional y formalizó los argumentos con los que buscará frenar su aplicación. En un documento difundido públicamente, la central sindical sostuvo que la norma implica un “retroceso histórico” en materia de derechos laborales y rechazó que tenga como objetivo la generación de empleo o la formalización del trabajo informal.

La organización, que se movilizó hacia los Tribunales en señal de protesta, afirmó que los problemas estructurales de pobreza, desempleo y precarización no derivan del marco normativo vigente, sino de la falta de crecimiento económico sostenido y de inversión productiva. Según el texto, el deterioro social responde a decisiones macroeconómicas y microeconómicas adoptadas en los últimos años, y la reforma forma parte de un programa más amplio que, a su entender, profundizó la caída de la actividad y el empleo.

Si bien la central aún no confirmó en qué juzgado radicará la presentación, se estima que el planteo podría tramitar en el fuero laboral o en el Contencioso Administrativo Federal. El eje de la impugnación gira en torno a la presunta vulneración del principio de progresividad de los derechos sociales, que impide retrocesos normativos, y del principio protectorio que rige el derecho del trabajo.

El documento sostiene además que la ley afecta de manera directa el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en particular en lo relativo a la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical. También advierte sobre posibles incompatibilidades con tratados internacionales suscriptos por el país en materia laboral.

Entre los puntos más cuestionados, la central sindical menciona la habilitación de jornadas laborales de hasta doce horas, la eliminación de sanciones para empleadores que incumplan con aportes, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas a través de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes de los propios trabajadores y la reducción de contribuciones destinadas a las obras sociales. Asimismo, objeta la fragmentación de las vacaciones, la promoción de convenios por empresa por sobre la negociación colectiva sectorial y las restricciones al derecho a la protesta y a la actividad sindical.

La CGT enmarca la reforma en un contexto que define como crítico, caracterizado por la caída de la actividad en la mayoría de los sectores privados, la pérdida de más de 300.000 empleos en los últimos dos años, el aumento de la desocupación, el cierre de pequeñas y medianas empresas, el deterioro del poder adquisitivo y un mayor endeudamiento tanto del Estado como de los hogares. También señala la persistencia de la inflación y la contracción del consumo, la inversión y la recaudación como indicadores de una recesión prolongada.

En el tramo final del documento, la central reafirma su rol como actor de movilización y defensa de los derechos laborales, recuerda las protestas y paros generales realizados en los últimos años y aclara que no forma parte del Gobierno ni define la política económica. Sin embargo, asegura asumir una responsabilidad histórica en la defensa del trabajo y la justicia social, y convoca a la unidad bajo la premisa de que no puede haber libertad sin justicia social.