En una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad y protestas en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, el Senado de la Nación Argentina aprobó y convirtió en ley la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional. El proyecto obtuvo 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

El texto sancionado incorporó el único cambio introducido previamente por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina: la eliminación del artículo que reducía las licencias por enfermedad y accidentes no laborales. Con esa modificación aceptada, la norma quedó definitivamente aprobada.

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El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, contó nuevamente con el respaldo de bloques aliados como la Unión Cívica Radical y el Propuesta Republicana, además de espacios provinciales. En el peronismo no kirchnerista hubo posiciones divididas: los legisladores cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo acompañaron la iniciativa, mientras que los alineados con Raúl Jalil y Gustavo Sáenz votaron en contra. Los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia se abstuvieron.

Durante el debate, el senador oficialista Juan Cruz Godoy defendió la reforma al sostener que se mantienen principios centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, como el in dubio pro operario, la gratuidad de los juicios laborales y el esquema de indemnización por antigüedad. También pidió acompañar los cambios introducidos en Diputados para ampliar consensos y dar previsibilidad a quienes toman decisiones económicas.

Desde la oposición, el senador justicialista Mariano Recalde cuestionó la velocidad del tratamiento parlamentario y advirtió que la reforma modifica 28 leyes y deroga 11. Además, sostuvo que la norma podría presentar conflictos de constitucionalidad y anticipó que generará un aumento de la litigiosidad.

En el cierre del debate, la senadora libertaria Patricia Bullrich afirmó que la Argentina comienza a remover obstáculos que, a su criterio, frenaban la creación de empleo, y defendió la posibilidad de que trabajadores y empresas negocien con mayor libertad sus convenios colectivos.

La nueva ley introduce cambios estructurales en el régimen laboral. Crea un Fondo de Asistencia Laboral con cuentas individuales por empleador destinadas a contribuir al pago de indemnizaciones por despido, financiado con una contribución mensual obligatoria del 1 por ciento para grandes empresas y del 2,5 por ciento para micro, pequeñas y medianas empresas, calculada sobre las remuneraciones base para aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

También establece el Banco de Horas Extras, amplía el listado de servicios considerados esenciales fijando un piso mínimo de cobertura durante huelgas, condiciona la realización de asambleas laborales dentro de las empresas a la autorización del empleador, modifica convenios colectivos y elimina la ultraactividad.

Además, la norma suprime regímenes laborales específicos, como la ley de Teletrabajo y los estatutos del viajante y del periodista, y dispone el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La sanción se produjo en un contexto de alta tensión política y social, con movilizaciones en rechazo y advertencias de futuras acciones judiciales por parte de sectores opositores y sindicales.