El Senado de la Nación Argentina otorgó media sanción en general a la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión marcada por cruces entre oficialismo y oposición. El proyecto promovido por La Libertad Avanza reunió 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y será remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La iniciativa establece que cada provincia podrá definir el alcance de su zona periglaciar, uno de los puntos más cuestionados por sectores opositores y organizaciones ambientalistas. Para asegurar los apoyos necesarios, el oficialismo aceptó modificaciones al texto original durante el debate en el recinto.

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El respaldo incluyó a bloques aliados, a sectores de la Unión Cívica Radical, del Propuesta Republicana y a espacios provinciales, además de senadores peronistas disidentes. Dentro del bloque Justicialista votaron afirmativamente Sergio Uñac y Lucía Corpacci, cuyos respaldos resultaron determinantes para alcanzar la mayoría.

También acompañó el bloque Convicción Federal, recientemente escindido del interbloque Justicialista y vinculado a gobernadores como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.

La postura negativa fue encabezada por la mayoría del bloque Justicialista, junto a los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de representantes del interbloque Impulso País como Alejandra Vigo y Edith Terenzi, esta última cercana al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Durante la defensa del proyecto, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, rechazó que el debate se planteara como una dicotomía entre “agua o trabajo” y cuestionó lo que definió como una matriz productiva centrada en el empleo público. En la misma línea, el senador oficialista Bruno Olivera sostuvo que la reforma no habilita actividades prohibidas ni vulnera la Constitución, y argumentó que el país debe aprovechar recursos estratégicos como cobre, oro, plata y litio en el contexto de la transición energética global.

Desde uno de los palcos siguieron la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la oposición, Anabel Fernández Sagasti advirtió que la eventual aprobación definitiva podría tener consecuencias irreversibles sobre los glaciares, mientras que Ana Marks cuestionó la delegación de definiciones centrales en las provincias y defendió la prohibición de actividades mineras en ambiente glaciar y periglaciar.

El senador Pablo Bensusán objetó la incorporación de cambios de último momento en el dictamen. Desde el oficialismo, Agustín Coto explicó que las modificaciones habían sido acordadas en instancias previas de comisión y serían formalizadas en la votación en particular.

La media sanción dejó expuesta la complejidad política de una discusión que articula autonomía provincial, desarrollo productivo y protección ambiental. El debate continuará ahora en la Cámara baja, donde se anticipa un nuevo capítulo de una controversia que atraviesa al sistema político y a las provincias con actividad minera.