La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso en marcha un proceso de recategorización automática que encendió alarmas entre los inscriptos en el régimen simplificado. La medida podría alcanzar a aproximadamente cuatro millones ochocientos ochenta mil contribuyentes en todo el país y ya generó fuertes cuestionamientos desde el ámbito profesional y académico.

Según denuncian tributaristas y asociaciones de pequeños contribuyentes, el organismo comenzó a enviar notificaciones masivas por correo electrónico informando cambios de categoría sin una instancia previa de revisión personalizada. En numerosos casos, quienes abonaban alrededor de cuarenta mil pesos mensuales podrían enfrentar obligaciones cercanas a los quinientos setenta mil pesos, lo que representa un incremento superior a diez veces el monto original.

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El eje de la controversia radica en el criterio aplicado para determinar la nueva categoría. La recategorización toma como parámetro la totalidad de los depósitos bancarios y consumos registrados en cuentas y billeteras virtuales, sin discriminar el origen de esos movimientos ni verificar si corresponden efectivamente a ingresos derivados de la actividad económica declarada.

Especialistas advierten que equiparar acreditaciones financieras con facturación puede generar distorsiones significativas. Un préstamo familiar, la venta de un bien registrable o la recepción de un regalo pueden incrementar transitoriamente los movimientos de una cuenta sin implicar mayor capacidad contributiva. Del mismo modo, un consumo puntual financiado con ahorros acumulados no necesariamente refleja un aumento en los ingresos anuales.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el consejero Javier Peralta cuestionó que se invierta la carga de la prueba al presumir que todo movimiento financiero constituye ingreso gravado. También señaló que la recategorización se produce antes de las presentaciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, instancias en las que muchos de esos movimientos podrían justificarse formalmente.

Otro punto crítico es el plazo de quince días para presentar el descargo. El término comienza a correr aun cuando el contribuyente no haya abierto la notificación electrónica. Si no se responde dentro del período establecido, la nueva categoría queda firme de manera automática. Para trabajadores independientes que no cuentan con asesoramiento contable permanente, ese margen resulta reducido frente a un cambio que puede alterar de manera drástica su estructura de costos.

En el caso de los monotributistas sociales, la situación podría ser más delicada. La exclusión del régimen simplificado y el pase al régimen general implica la pérdida de la cobertura de obra social y la necesidad de gestionar una nueva afiliación, en un contexto económico complejo y de alta sensibilidad social.

Actualmente, alrededor del ochenta y cinco por ciento de los inscriptos se concentra en las categorías más bajas del régimen, lo que evidencia que se trata mayoritariamente de pequeños comerciantes, profesionales independientes y trabajadores de ingresos limitados. En el Congreso ya se presentó un proyecto para suspender por ciento ochenta días las recategorizaciones automáticas, bajo el argumento de que los parámetros nominales pueden distorsionar la capacidad contributiva real en un escenario de alta inflación.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los contribuyentes alcanzados. La discusión, que comenzó en el plano técnico tributario, escaló al terreno político y reabrió el debate sobre la presión fiscal y los mecanismos de control aplicados sobre los sectores más pequeños del sistema impositivo.