La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó una ley de amnistía general que abre la posibilidad de liberar a dirigentes opositores, activistas, periodistas, abogados y otros ciudadanos encarcelados por motivos políticos. La norma fue firmada pocas horas después de su aprobación legislativa y dispone la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación política registrados desde 1999.

La sanción representa un cambio de alto impacto en la política venezolana, luego de años en los que las autoridades negaron la existencia de presos políticos. El viraje se produjo semanas después de la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro durante un operativo militar en Caracas, episodio que derivó en la conformación de un gobierno de transición y en el anuncio de reformas institucionales.

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Durante el acto de promulgación, Rodríguez sostuvo que la medida busca inaugurar una nueva etapa política. Afirmó que el país debe dejar atrás la confrontación y avanzar hacia una convivencia democrática basada en el diálogo. Señaló que la ley constituye una oportunidad para el reencuentro nacional y para superar años de polarización.

El texto concede amnistía plena a personas investigadas o condenadas por hechos relacionados con conflictos políticos, sociales o institucionales, incluidos episodios de violencia, protestas y manifestaciones, así como actuaciones vinculadas a procesos electorales. También abarca causas derivadas de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, tras las cuales se registraron detenciones masivas en distintas regiones del país.

La normativa establece exclusiones explícitas. No podrán acceder al beneficio quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial con apoyo de actores extranjeros, ni quienes enfrenten cargos por delitos considerados de especial gravedad en ese marco.

Organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca el debate parlamentario. Desde la organización Foro Penal advirtieron que el proceso debe garantizar el respeto pleno a las garantías judiciales y ofrecer soluciones efectivas a quienes permanecen detenidos sin sentencia firme. Según sus registros, más de seiscientas personas continúan privadas de libertad por razones políticas.

Tras la captura de Maduro, las nuevas autoridades habían anunciado un plan de liberaciones progresivas y confirmaron la excarcelación de centenares de detenidos, aunque en varios casos bajo regímenes de libertad condicionada, lo que generó reclamos de familiares y activistas.

La implementación efectiva de la ley dependerá ahora de la rapidez con la que el sistema judicial revise los expedientes y concrete las liberaciones previstas. El alcance real de la amnistía y su impacto en la estabilidad política marcarán el rumbo de la transición en los próximos meses.