El acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuyo texto oficial se conoció este jueves, dejó expuesta una relación claramente asimétrica entre ambas partes. Mientras el país obtiene concesiones acotadas para algunos productos primarios, Washington logra una apertura profunda del mercado argentino, con ventajas que abarcan desde la industria y la regulación hasta sectores estratégicos como energía y minería.

Según el documento, el acuerdo comenzará a regir 60 días después de que se completen los procedimientos legales internos en ambos países, lo que incluye la aprobación del Congreso argentino. Hasta entonces, el texto ya genera debate por el alcance de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional.

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En materia de exportaciones, la Argentina accede a beneficios arancelarios para 1.675 productos. Un grupo reducido ingresará con arancel cero, principalmente bienes primarios como frutas, infusiones, especias, ceras y panificados. En otros casos, se restablecen los aranceles previos al 2 de abril de 2025, cuando la administración Trump impuso un esquema de gravámenes recíprocos del 10% que afectó también a la Argentina.

El principal beneficio se concentra en el sector cárnico, ya que el cupo de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos se amplía de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que podría representar ingresos adicionales cercanos a los 800 millones de dólares. Para el resto de los productos no contemplados, el acuerdo fija un tope arancelario del 10%.

En sentido inverso, el pacto habilita una mayor penetración de productos agroindustriales estadounidenses en el mercado argentino. Se autoriza la importación de 80.000 toneladas de carne bovina de Estados Unidos durante 2026, además de cuotas para quesos, almendras, pistachos, fructosa, chicles, azúcar, chocolates, papas y vinos, entre otros bienes. La medida despierta preocupación en sectores productivos locales y economías regionales, que deberán competir con productos de gran escala y alta productividad.

Estados Unidos también obtiene ventajas significativas en el plano industrial. La Argentina se compromete a no prohibir la importación de bienes de capital usados, como maquinaria agrícola, equipos de minería, construcción y dispositivos médicos. En el sector automotor, se aceptarán vehículos y autopartes fabricados bajo estándares de seguridad estadounidenses sin exigir certificaciones locales.

Una lógica similar se aplica a la industria farmacéutica, ya que se reconocerán como suficientes los estándares de la FDA para el ingreso de medicamentos, equiparándolos a los de la ANMAT. Este punto implica una cesión regulatoria que impacta directamente en los organismos de control nacionales.

Uno de los capítulos más sensibles del acuerdo está vinculado a los minerales críticos y la energía. El texto establece que la Argentina facilitará y priorizará la inversión estadounidense en la exploración, extracción, refinación y exportación de litio, cobre y otros recursos estratégicos. Estados Unidos queda explícitamente señalado como socio prioritario en estos sectores, con proyectos que podrán encuadrarse en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Incluso se menciona la posibilidad de inversiones directas del propio gobierno federal estadounidense en infraestructura minera, sin que se contemplen contrapartidas equivalentes para la Argentina en términos de transferencia tecnológica o valor agregado local.

El acuerdo también endurece los compromisos en materia de propiedad intelectual. La Argentina deberá reforzar acciones contra bienes que infrinjan derechos de marca o autor, incluida su destrucción en aduanas o en el mercado interno, una cláusula que podría impactar en ferias y circuitos de venta informal.

Además, el país se compromete a prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, alineándose con criterios definidos por Washington. El texto indica que la Argentina considerará las decisiones del gobierno estadounidense en esta materia, una disposición que podría utilizarse para restringir productos provenientes de China y otros países asiáticos.

En conjunto, el acuerdo refleja un esquema en el que la Argentina obtiene beneficios puntuales y concentrados en exportaciones primarias, mientras que Estados Unidos consolida una posición dominante en acceso al mercado, normas regulatorias e inversiones estratégicas, profundizando un desequilibrio que ya genera cuestionamientos políticos y económicos.