La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no autoriza al presidente a imponer aranceles recíprocos, en un fallo que representa el revés judicial más significativo para Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Por seis votos contra tres, el tribunal ratificó la postura de una instancia inferior y sostuvo que la norma de 1977, conocida como IEEPA por sus siglas en inglés, no habilita al Poder Ejecutivo a establecer gravámenes aduaneros sin una autorización expresa del Congreso. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh votaron en disidencia.

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En su resolución, la Corte señaló que la posibilidad de “regular la importación” prevista en la ley resulta insuficiente para justificar la imposición de aranceles. Además, destacó que el texto no menciona derechos aduaneros ni tarifas y subrayó que ningún presidente había interpretado hasta ahora esa legislación como una delegación de semejante alcance.

El tribunal afirmó que no reivindica competencias especiales en materia económica o de política exterior, sino que cumple con el rol que le asigna la Constitución. En ese marco, concluyó que la IEEPA no otorga facultades para imponer aranceles de manera unilateral.

La decisión impacta sobre los gravámenes globales anunciados por Trump en abril de 2025, durante lo que denominó el “Día de la Liberación”, y que fueron cuestionados por doce estados y por diversas compañías estadounidenses. Los demandantes sostuvieron que el mandatario se extralimitó al aplicar tarifas por decreto invocando una ley de emergencia.

El caso ya había tenido antecedentes adversos para la administración republicana. En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos determinó que el presidente utilizó de manera incorrecta la IEEPA para fundamentar su política arancelaria.

El fallo abre ahora un escenario de potenciales litigios, ya que miles de empresas que afrontaron mayores costos de importación podrían reclamar la devolución de lo pagado. El propio Trump había advertido en enero que una decisión en su contra podría obligar al país a restituir “billones” de dólares, lo que anticipa una nueva etapa de conflicto judicial y político en torno a la política comercial estadounidense.