El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formalizó una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la decisión de suspender la actualización de la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadistica y Censos.

La presentación fue impulsada por el jefe de la bancada, German Martinez, junto a las diputadas Paula Penacca y Julia Strada. En el escrito se acusa al funcionario de violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y presunta infracción a la ley 17.622, que regula el sistema estadístico nacional.

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Según argumentaron los legisladores, la decisión de no aplicar la nueva metodología prevista para enero habría tenido como finalidad evitar la difusión de un índice de inflación más elevado. En ese sentido, sostuvieron que la utilización de un cálculo que el propio ministro habría reconocido como desactualizado podría derivar en la publicación de datos que no reflejen de manera precisa la evolución de los precios.

A través de la red social X, Julia Strada calificó la medida como un abuso de autoridad y advirtió sobre sus posibles consecuencias sociales, económicas y políticas, en particular respecto de la fórmula de movilidad jubilatoria y de las negociaciones paritarias tanto en el sector público como en el privado.

En la denuncia también se alude a declaraciones públicas en las que se señaló que el nuevo índice podría haber arrojado una variación de entre 3,1 y 3,5 por ciento para enero. Esa versión fue posteriormente desmentida por Caputo, quien sostuvo que el cálculo incluso habría sido una décima inferior al vigente.

Los diputados afirmaron que, de confirmarse la publicación de un índice bajo una metodología considerada desactualizada, podría configurarse la falsificación de un dato estadístico oficial. Además, indicaron que el reconocimiento de inconsistencias en mediciones previas agrava el cuadro denunciado.

La causa quedó radicada en la Justicia federal, donde en los próximos días podrían definirse las primeras medidas procesales vinculadas a la investigación.