La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, en una sesión marcada por cruces entre oficialismo y oposición y por cuestionamientos en torno a los recursos necesarios para implementar el nuevo esquema.

El texto original fue modificado durante la negociación parlamentaria para asegurar los respaldos necesarios. En su versión inicial proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años y establecer una pena máxima de 20 años. El dictamen finalmente aprobado elevó el piso a 14 años y redujo la pena máxima a 15 años.

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El oficialismo reunió el apoyo de los 95 diputados del interbloque Fuerza del Cambio y sumó votos del PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Producción y Trabajo, País Federal, la Coalición Cívica, La Neuquinidad, Innovación Federal y Provincias Unidas. También acompañaron la iniciativa Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido. En Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto votó a favor, mientras que Nicolás Massot estuvo ausente.

En rechazo se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca, además de la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández. El sector referenciado en el massismo aportó un legislador para el quórum y votó en contra en general, aunque algunos de sus integrantes respaldaron el primer capítulo del proyecto, vinculado a los principios rectores de la norma.

Durante el debate, Laura Rodríguez Machado, miembro informante del oficialismo, defendió la reforma al sostener que el régimen vigente resulta ineficiente para prevenir el delito y promover la resocialización. Desde la oposición, Juan Carlos Molina advirtió que la iniciativa podría derivar en una mayor criminalización de sectores vulnerables y cuestionó que la baja de la edad constituya una solución estructural.

Las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá también rechazaron la propuesta al considerar que profundiza la persecución penal sobre adolescentes. Bregman señaló que el debate se produce en un contexto social crítico para niños y jóvenes.

Miguel Ángel Pichetto, pese a acompañar la baja a 14 años, planteó objeciones vinculadas a la falta de inversión en infraestructura y educación. Remarcó que el nuevo régimen exige recursos para la construcción de establecimientos adecuados y para garantizar procesos de formación y reinserción.

El aspecto más controvertido fue el financiamiento. El dictamen incorporó una asignación presupuestaria superior a 23 mil millones de pesos, cifra que varios legisladores consideraron insuficiente. En la votación en particular del artículo correspondiente, Pichetto, Diego Giuliano y Maximiliano Ferraro se abstuvieron al advertir que sin partidas adecuadas la implementación podría resultar inviable.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, sostuvo que el Congreso asumió un debate postergado y afirmó que quienes cometen delitos graves deben enfrentar consecuencias proporcionales. Antes de la votación final, Rodríguez Machado aclaró que la norma no habilita la detención de menores junto a adultos y se introdujeron correcciones formales al texto.

La sesión registró momentos de alta tensión. Durante la intervención de Nicolás Mayoraz se produjeron cruces entre legisladores del oficialismo y de Unión por la Patria, luego de referencias a la legislación vigente y a episodios del pasado reciente. Con la media sanción obtenida, el proyecto quedó ahora en manos del Senado, donde se anticipa un nuevo capítulo de debate político.