El deterioro del empleo registrado en el sector de pequeñas y medianas empresas encendió una fuerte señal de alarma en el entramado productivo, que comenzó a cuestionar con mayor intensidad el impacto del programa económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei, bajo la conducción del ministro Luis Caputo.

Si bien desde el ámbito privado existe consenso sobre la necesidad de estabilizar las variables macroeconómicas para contener la inflación, un número creciente de empresarios sostiene que ese proceso está generando efectos negativos profundos en la economía real. La falta de generación de empleo formal aparece como uno de los indicadores más preocupantes, con impacto directo sobre la clase media.

Referentes del sector productivo describen un escenario de “dos velocidades”, donde conviven ciertos signos de orden macroeconómico con una caída sostenida de la actividad. En ese contexto, cuestionan la falta de diálogo y consensos, y advierten sobre una ausencia de políticas orientadas al desarrollo productivo, lo que ha comenzado a alinear a distintos actores del empresariado en una postura crítica hacia el actual esquema económico.

En parques industriales y polos fabriles del interior del país, el diagnóstico es coincidente: la actividad muestra una contracción persistente y las empresas enfrentan un escenario asfixiante, marcado por el aumento de costos operativos y logísticos en medio de una fuerte retracción del consumo.

Desde el sector señalan que la estructura de las pymes se encuentra debilitada, en un contexto donde la caída del poder adquisitivo limita la posibilidad de trasladar aumentos a precios. Esto obliga a absorber costos, deteriora el capital de trabajo y genera niveles crecientes de capacidad ociosa.

El presidente del Movimiento Nacional Pyme, Alejandro Bestani, reconoció la importancia de estabilizar la economía, pero cuestionó la falta de una mirada integral. “Evolucionar económicamente con mucha inflación es casi imposible”, sostuvo, aunque advirtió que el enfoque actual resulta insuficiente para sostener la actividad.

Para describir la situación, el dirigente utilizó una metáfora contundente: “Esto es pretender que el cuerpo esté sano porque solamente atendés los huesos y todo el resto no importa. La economía es un conjunto, tenés que trabajar sobre las dos variables”.

El impacto del modelo, aseguran, no se limita a los indicadores económicos, sino que también afecta la estructura social, al comprometer la principal fuente de generación de empleo y, con ello, la movilidad social ascendente.

Mientras algunas actividades vinculadas al sector financiero o extractivo son señaladas como beneficiarias del esquema, las pymes —históricamente motor del mercado interno— enfrentan un escenario de creciente fragilidad. “El aporte nuestro fundamental es a la clase media, porque se logra con empleo y eso es lo que no estamos pudiendo generar en estas condiciones”, afirmó Bestani.

Las críticas también alcanzan a la reforma laboral reciente, cuestionada por haber sido elaborada sin una participación efectiva del sector. Empresarios denuncian la ausencia de consultas específicas y advierten que la normativa no resuelve los problemas estructurales que dificultan la contratación formal.

Entre esos obstáculos, destacan el peso de las cargas sociales. Según explicaron, los costos laborales implican que, por cada dos trabajadores, las empresas deban afrontar el equivalente a tres salarios, lo que desalienta nuevas incorporaciones y profundiza la informalidad.

A este escenario se suma la preocupación por la apertura comercial. Desde el sector industrial advierten que reemplazar producción local por importaciones puede debilitar aún más el aparato productivo, además de incrementar la demanda de divisas en un contexto ya tensionado.

El acceso al financiamiento aparece como otro factor crítico. Empresarios aseguran que el crédito productivo es prácticamente inexistente, lo que paraliza inversiones y limita el crecimiento. En ese marco, crece lo que denominan un “stock de proyectos reprimidos”, vinculado a iniciativas que no pueden concretarse por falta de recursos.

Frente a este panorama, el sector pyme reclama un cambio de enfoque en la política económica, con mayor atención a la producción y al empleo. La propuesta incluye flexibilizar algunas variables para evitar que el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria se alcancen a costa del cierre de empresas.

En esa línea, también se planteó la necesidad de revisar el atraso cambiario y su impacto en la competitividad. Como alternativa, algunos empresarios sugieren tolerar niveles levemente superiores de inflación a cambio de reactivar la actividad económica.

“Tal vez hablar menos de la inflación, digerir algún punto más, pero con más nivel de actividad”, propuso Bestani, al tiempo que sostuvo que ese camino podría traducirse en mayor empleo y recaudación. “No hay magia en esto”, concluyó.