El Gobierno nacional llevará este martes al recinto del Senado el proyecto de reforma laboral con modificaciones sustanciales y, según anticipó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con los votos necesarios para su aprobación en general.

Luego de semanas de negociaciones con gobernadores y con la Confederación General del Trabajo, el oficialismo resolvió retirar del texto el artículo que modificaba el Impuesto a las Ganancias, uno de los puntos que generaba mayor resistencia por su eventual impacto en la coparticipación federal. La decisión se formalizó tras la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Bullrich informó que el proyecto incorpora 28 modificaciones consensuadas con distintos bloques y que el acuerdo alcanzado reúne el respaldo de 44 senadores. En ese marco, señaló que la discusión sobre Ganancias quedará postergada hasta avanzar en una reforma fiscal integral que contemple la estructura tributaria nacional, provincial y municipal.

El artículo vinculado a ese impuesto había sido uno de los principales focos de tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Aunque días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, había sostenido una postura inflexible, el oficialismo finalmente accedió al reclamo de los gobernadores dialoguistas para garantizar el avance del proyecto.

Entre los cambios incorporados figura la creación de un Fondo de Asistencia Laboral destinado a cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones. El esquema prevé una contribución obligatoria diferenciada según el tamaño de la empresa: uno por ciento mensual para grandes firmas y dos puntos y medio para micro, pequeñas y medianas empresas. Además, el Poder Ejecutivo podrá modificar esos porcentajes con aprobación de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.

El proyecto también establece una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales encuadradas en el nuevo régimen. La disminución será de un punto porcentual para grandes empresas y de dos puntos y medio para micro, pequeñas y medianas empresas, con excepción de los casos alcanzados por el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral mientras se mantengan sus beneficios.

En cuanto al pago de salarios, el texto fue modificado y eliminó la posibilidad de abonar remuneraciones mediante billeteras virtuales. A partir de los cambios acordados, los haberes deberán depositarse exclusivamente a través de entidades bancarias.

Respecto de la ultraactividad de los convenios colectivos no se introdujeron variaciones en relación con el dictamen original. La iniciativa mantiene la derogación de estatutos profesionales y fija un plazo de 180 días para la elaboración de nuevos marcos regulatorios.

También se incluyeron precisiones sobre el traspaso de la Justicia Laboral al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá instrumentarse mediante el acuerdo correspondiente entre el Estado nacional y el gobierno porteño, con transferencia de recursos para su funcionamiento transitorio.

En materia de sentencias judiciales, se establece que las condenas contra grandes empresas podrán abonarse hasta en seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que para micro, pequeñas y medianas empresas el plazo podrá extenderse hasta doce cuotas.

El texto incorpora además una prórroga en los cambios vinculados al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, postergando hasta el 1 de enero de 2028 la derogación de determinados incisos de la ley de fomento cinematográfico.

En relación con los certificados médicos laborales, se prevé que ante discrepancias entre el diagnóstico inicial y el control dispuesto por el empleador se pueda recurrir a una junta médica en institución oficial o a dictámenes de entidades públicas o privadas de reconocida trayectoria, cuyo costo quedará a cargo del empleador.

En el plano político, el oficialismo aspira a reunir un respaldo que incluya, además de los 20 senadores de La Libertad Avanza, a bloques aliados como la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Renovador de la Concordia, el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas, La Neuquinidad, Independencia y Despierta Chubut, entre otros espacios provinciales.

Parte del bloque Convicción Federal, referenciado en gobernadores peronistas, podría acompañar la iniciativa aunque con voto dividido. En cambio, el bloque Justicialista y el Frente Cívico por Santiago adelantaron que no respaldarán el proyecto.

Si obtiene media sanción, la reforma será girada a la Cámara de Diputados. El oficialismo evalúa extender el período de sesiones extraordinarias para acelerar su tratamiento y buscar la sanción definitiva durante febrero, en una discusión que, pese al optimismo del Gobierno, se anticipa con un escenario parlamentario dinámico.