Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron la decisión de las autoridades de iniciar sumarios administrativos a 40 empleados y avanzar con el despido de 11 de ellos tras las protestas salariales realizadas en octubre pasado. En ese contexto, anunciaron que presentarán un amparo sindical para frenar las cesantías y denunciaron una ofensiva política impulsada desde el Gobierno nacional.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la puerta del hospital, donde el secretario adjunto de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, sostuvo que las sanciones responden a una decisión tomada en la Casa Rosada. Según afirmó, los nombres de los trabajadores despedidos ya circulaban antes de que fueran notificados formalmente, lo que, a su entender, confirma que se trata de una represalia contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.

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El conflicto volvió a escalar luego de que el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informara públicamente que el hospital solicitó el desafuero de 11 trabajadores, diez de ellos con tutela gremial, para poder avanzar con los despidos. Desde la conducción del Garrahan argumentaron que las sanciones se deben a la ocupación de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

Lipcovich rechazó esa versión y explicó que ese día los trabajadores se manifestaban en defensa del derecho constitucional de huelga y para exigir el cese de los descuentos salariales aplicados por participar de medidas de fuerza. En ese sentido, remarcó que no aceptarán despidos ni suspensiones y que continuarán defendiendo los reclamos laborales.

Según el dirigente sindical, la medida busca castigar a quienes lideraron protestas que derivaron en un aumento del 61 por ciento sobre el salario básico y el otorgamiento de un bono. Además, advirtió que el conflicto del Garrahan se transformó en un antecedente incómodo para el Gobierno y aseguró que los trabajadores volverán a organizarse para revertir la situación.

En la misma línea se expresó la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, Norma Lezana, quien afirmó que el hospital está siendo utilizado como un “laboratorio” de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Denunció un proceso de disciplinamiento que limita la organización sindical y precariza las condiciones de trabajo.

Lezana recordó que durante la protesta de octubre se reclamaba una recomposición salarial tras más de un año sin negociaciones y señaló que enfermeras e instrumentadoras percibían ingresos cercanos al millón de pesos, con fuertes descuentos por adherir a las medidas de fuerza. También cuestionó que el Gobierno dé por consumados los despidos sin garantizar el derecho a defensa de los trabajadores.

La conferencia contó con el respaldo de representantes de distintos gremios y organizaciones sindicales. Además, los trabajadores anunciaron la realización de un Cabildo Abierto frente al hospital y una próxima asamblea general para definir un plan de lucha, en coordinación con otras organizaciones que impulsan una movilización contra la reforma laboral cuando el tema sea tratado en el Congreso.