La decisión del Gobierno nacional de demorar la aplicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor volvió a encender cuestionamientos sobre el uso de las estadísticas públicas y sus efectos concretos sobre la economía cotidiana. Al sostener una metodología basada en una canasta de consumo obsoleta, la inflación oficial continúa mostrando registros más bajos que los que surgirían con ponderaciones actualizadas.

El IPC vigente se calcula a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05, a pesar de que desde hace años existe una encuesta más reciente, correspondiente a 2017/18. De acuerdo con especialistas, la demora en su implementación no responde a limitaciones técnicas, sino a una decisión política vinculada al impacto que tendría el mayor peso de los servicios en el índice, en un contexto de fuertes aumentos tarifarios y quita de subsidios.

La consecuencia inmediata de esta subestimación de la inflación recae sobre jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo, cuyos montos se ajustan según el IPC. Con un índice menor al real, los ingresos pierden poder de compra mes tras mes. El mismo mecanismo afecta a los salarios, ya que muchas negociaciones paritarias toman como referencia la inflación oficial para definir aumentos.

El impacto no se limita al corto plazo. Desde el punto de vista macroeconómico, cuando se actualicen las series estadísticas y se incorpore una inflación más elevada, el Producto Bruto Interno deberá recalcularse. Ese ajuste implicará mostrar un nivel de actividad menor al actualmente informado, con crecimientos que podrían revisarse a la baja e incluso transformarse en retrocesos.

En el plano social, el efecto será inverso. Al deflactar los ingresos con un índice no subestimado y actualizar las canastas básicas, los indicadores de pobreza arrojarán valores más altos que los difundidos hasta ahora. Esto implicará reconocer que la situación social fue más grave de lo que reflejaron las cifras oficiales durante este período.

Además, la continuidad de un IPC cuestionado abre la puerta a conflictos financieros, especialmente en bonos ajustados por inflación y créditos indexados, cuyos rendimientos y cuotas dependen directamente de la evolución del índice. Para analistas y ex funcionarios del organismo estadístico, la postergación del nuevo IPC solo difiere una corrección inevitable, mientras profundiza el deterioro del poder adquisitivo y erosiona la credibilidad de las estadísticas públicas.