La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de frenar la publicación del Índice de Precios al Consumidor con metodología actualizada reavivó la polémica sobre la medición oficial de la inflación. La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC, a pocos días de la fecha prevista para difundir el nuevo índice, expuso las tensiones internas en torno a la actualización de los ponderadores y su impacto sobre los datos económicos.

Según un informe de la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, la inflación de enero de 2026 habría alcanzado el 3% mensual si se hubiera aplicado la metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18. Ese registro se ubica por encima del 2,5% que esperaba el Gobierno y refleja el mayor peso que adquieren los servicios y las tarifas en la nueva estructura del índice.

Lavagna dejó su cargo ocho días antes de la publicación prevista del IPC actualizado y fue reemplazado por Pedro Lines, hasta entonces director técnico del organismo. El cambio se produjo pese a que la actualización metodológica había sido anunciada oficialmente en octubre de 2025 y estaba programada para enero. Caputo justificó la postergación al sostener que el Ejecutivo prefiere aplicar el nuevo esquema cuando el proceso de desinflación esté “consolidado”.

El informe de PxQ reconstruyó el IPC de enero utilizando los ponderadores de la encuesta 2017/18 y estimó que los aumentos tarifarios provinciales habrían aportado 0,8 puntos porcentuales al índice, frente a los 0,5 puntos que explican con la metodología vigente. La diferencia se explica por el mayor peso relativo de los servicios públicos y por la forma en que se incorporan los ajustes tarifarios provinciales y nacionales.

El trabajo también detalla las diferencias estructurales entre las encuestas de gastos. Mientras la metodología de 2004/05 asigna mayor peso a los bienes, especialmente a los alimentos, la de 2017/18 refleja un crecimiento significativo de los servicios vinculados a vivienda, transporte y comunicación. En términos de ponderadores, disminuye la incidencia de alimentos, indumentaria y restaurantes, y aumenta la de vivienda y servicios públicos.

Estas divergencias se vuelven clave en años de fuertes ajustes de precios relativos. Según PxQ, con la nueva metodología la inflación anual de 2024 habría sido del 132,2%, frente al 117,8% informado oficialmente, una brecha superior a los 16 puntos porcentuales. En cambio, para 2025 los resultados entre ambos métodos resultan prácticamente similares.

Las diferencias también impactan en la medición del salario real. Tomando noviembre de 2023 como punto de partida, la inflación acumulada asciende al 259,4% con el IPC actual y al 275,6% con el índice recalculado. Al deflactar los salarios privados registrados, la caída del poder adquisitivo es del 1,2% con la metodología vigente, pero se amplía al 5,5% con la actualizada, lo que evidencia un deterioro mayor de los ingresos desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El informe de PxQ no cuestiona la necesidad de actualizar el IPC, pero advierte que la postergación del cambio metodológico distorsiona la lectura de la inflación y del salario real, en un contexto donde los datos oficiales se convierten en una pieza central del debate económico y político.