El Gobierno nacional avanzó con una estrategia para incorporar a la Argentina al Board of Peace, el organismo internacional creado por Donald Trump, sin someter la decisión al Congreso. La orden partió del canciller Pablo Quirno, quien instruyó de manera verbal a la Dirección de Organismos Internacionales de la Cancillería para que elabore un dictamen que permita eludir el tratamiento parlamentario.

La maniobra se conoció luego de que el presidente Javier Milei firmara en Davos el acta inicial de adhesión al Board, presentado como un espacio orientado a la “paz”, pero con intervención directa en zonas de conflicto armado, entre ellas la Franja de Gaza. La incorporación implicaría compromisos internacionales sensibles, incluso con potencial involucramiento militar, sin debate legislativo previo.

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional establece de manera explícita que corresponde al Congreso aprobar o rechazar tratados y acuerdos con otros Estados u organismos internacionales. Constitucionalistas advierten que no existe margen legal para avanzar por fuera del Parlamento, especialmente cuando se trata de compromisos con impacto geopolítico y militar.

La firma de Milei se produjo en un escenario diplomático adverso. El Board of Peace fue rechazado por la mayoría de los países centrales de Occidente: no participaron la Unión Europea, Canadá, Brasil ni México. En Europa, solo Hungría asistió al lanzamiento, mientras que en América Latina solo estuvieron presentes Argentina y Paraguay, señalados como los principales aliados regionales de Trump.

Durante el acto en Davos, Trump concentró el control absoluto del organismo. Se autoproclamó presidente, retuvo el manejo de los fondos y la admisión de nuevos miembros, y conformó una junta ejecutiva integrada por personas de su máxima confianza, entre ellas su yerno Jared Kushner, sin cargo oficial en el gobierno estadounidense. El esquema despertó críticas por su estructura vertical y poco transparente.

Organismos internacionales y referentes en derechos humanos advirtieron que el Board funciona como una suerte de ONU paralela, sin los mecanismos de deliberación ni los estándares que rigen en Naciones Unidas. Human Rights Watch alertó que el nuevo espacio busca esquivar controles multilaterales y concentrar poder en manos de Estados Unidos.

En la Casa Rosada admiten además que la Argentina no aportará los mil millones de dólares requeridos para ser miembro pleno, por lo que ingresaría con una membresía limitada por tres años. Esa condición refuerza la idea de un esquema con jerarquías internas y países de primera y segunda categoría.

Pese a las implicancias jurídicas, políticas e institucionales, la decisión del Gobierno es avanzar sin enviar el acuerdo al Congreso. La instrucción es cerrar la adhesión por vía administrativa y evitar el debate parlamentario, aun cuando el movimiento promete abrir una fuerte controversia constitucional.