Pese a haber construido gran parte de su discurso político en contra de la asistencia estatal, el gobierno de Javier Milei no solo mantuvo los planes sociales sino que los fortaleció durante sus primeros años de gestión. En un contexto de fuerte deterioro del salario real, jubilaciones en baja y pérdida de empleo formal, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar pasaron a ser el ancla de ingresos para millones de hogares.

Durante su exposición en el Foro de Davos, el Presidente sostuvo que su gestión no “regala el pescado”, sino que enseña a pescar. Sin embargo, los datos oficiales muestran que las transferencias sociales fueron prácticamente las únicas partidas del gasto público que crecieron en términos reales, un factor clave para explicar por qué el ajuste no derivó en estallidos sociales masivos.

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Lejos de la narrativa oficial sobre el “fin de los planes”, el presupuesto social refleja una expansión sostenida de la asistencia directa a los sectores más vulnerables, tanto en cantidad de beneficiarios como en capacidad de compra. Actualmente, la AUH alcanza a 4.121.245 titulares, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niñas y niños.

En conjunto, el sistema supera los seis millones de planes sociales, una cifra récord que expone un creciente nivel de dependencia de las transferencias estatales. A esto se suma que tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar se ubicaron de manera consistente por encima de la inflación, en fuerte contraste con la evolución de salarios, jubilaciones y otros ingresos.

La política de ingresos orientada a la infancia alcanzó niveles históricamente altos en términos reales. La AUH es hoy un 23 por ciento superior a la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández y un 10 por ciento mayor que la vigente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el programa fue creado.

La mejora se explica por incrementos excepcionales. En la comparación interanual, la AUH registró una suba real del 47 por ciento y, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, el aumento rondó el 100 por ciento, según cifras oficiales. Esta dinámica consolidó a la asistencia social como el principal amortiguador del modelo económico, en un escenario aún marcado por el impacto de la devaluación del 120 por ciento de diciembre de 2023 y la persistente pérdida de poder adquisitivo.