Mientras el Congreso permanece en pausa a la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero, dos temas concentran la tensión política y anticipan un arranque de año cargado de conflictos: el Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la ley de Inteligencia y la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El DNU que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado y reduce los mecanismos de control parlamentario ingresó el viernes por el Senado y fue girado a la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Sin embargo, esa comisión aún no fue conformada, lo que abrió una ventana de oportunidad para la oposición.

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Si la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no convocan a la Bicameral dentro del plazo legal de diez días hábiles, cualquiera de las dos cámaras podrá forzar el tratamiento del decreto. En ese escenario, la oposición en Diputados trabaja contrarreloj para reunir los votos necesarios y rechazarlo.

Desde el peronismo aseguran que Unión por la Patria cuenta con 93 voluntades firmes para voltear el DNU. A ese número se sumarían legisladores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el diputado cercano a Horacio Rodríguez Larreta, Álvaro González, y la cordobesa Natalia De la Sota. También se mencionan posibles apoyos del puntano Jorge Fernández y de Marcela Pagano, hoy distanciada del oficialismo.

Con esos respaldos, la oposición alcanzaría 123 votos, quedando a seis de lograr el rechazo del decreto. En ese marco, una fuente parlamentaria deslizó que el objetivo es seguir sumando adhesiones mientras se espera la convocatoria a extraordinarias para destrabar la actividad legislativa.

En paralelo, el oficialismo intensifica las gestiones para garantizar la aprobación de la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen y será incluida en el temario de las sesiones extraordinarias. Desde La Libertad Avanza reconocen que las negociaciones continúan incluso durante el receso y que el proyecto podría sufrir modificaciones para acercar posiciones.

El ministro del Interior, Diego Santilli, retomó su recorrida por las provincias en busca de respaldos clave. En los últimos días se reunió con los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan, y tenía previsto un encuentro con el pampeano Sergio Ziliotto, que debió postergarse. Desde su entorno aseguraron que ambos mandatarios se comprometieron a acompañar la iniciativa.

Para esta semana, Santilli prevé encuentros con Gustavo Sáenz, de Salta, Rolando Figueroa, de Neuquén, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, gobernadores con peso directo sobre senadores decisivos para la votación.

Dentro del Senado, las negociaciones están lideradas por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien dejó trascender que el texto podría ajustarse respecto de la versión que fracasó en diciembre. El oficialismo cuenta con 18 senadores propios y el respaldo de dos bloques aliados, pero necesita llegar a los 37 votos para aprobar la reforma.

El PRO ya manifestó su disposición a acompañar, mientras que la Unión Cívica Radical, con diez bancas, aún no fijó una postura definitiva. Además de la reforma laboral, el Ejecutivo planea incluir en el temario de extraordinarias la reforma de la ley de Glaciares, posibles cambios en el Código Penal y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según adelantó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipando un febrero de alto voltaje político en el Congreso.