El Gobierno nacional avanzó con una decisión de fuerte impacto político y social al confirmar el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo dejará de funcionar como ente descentralizado y será absorbido por el Ministerio de Salud, en el marco de una reestructuración impulsada por el Ejecutivo.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí afirmó que, tal como funciona actualmente, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y sus competencias pasarán a depender directamente del área de Salud.

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La medida se da luego de un profundo ajuste en el sector y tras la negativa del Gobierno a aplicar la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso. Adorni sostuvo que el objetivo es transparentar el sistema, recortar estructuras administrativas que consideró innecesarias y ordenar el otorgamiento de beneficios, aunque aseguró que no habrá recortes en las pensiones vigentes.

Según explicó, la absorción por parte del Ministerio de Salud permitirá implementar controles más estrictos, auditorías permanentes y criterios sanitarios claros en cada decisión, con el fin de garantizar trazabilidad y evitar irregularidades en la asignación de prestaciones.

Durante su exposición, el funcionario enumeró una serie de supuestas anomalías detectadas en la Agencia, como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que habrían facturado servicios que nunca se prestaron.

El anuncio se produce mientras avanza una causa judicial que involucra a la Andis por presunta corrupción. La investigación se inició tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de pagos de coimas vinculados a la compra de medicamentos y se mencionaba a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei.

En paralelo, la Justicia investiga a Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, quien recientemente se negó a declarar. En un allanamiento realizado en octubre, se secuestraron en su domicilio cerca de 700 mil dólares y más de 19 millones de pesos en efectivo sin justificación de origen.

La causa también reveló intercambios de mensajes entre Calvete y su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría actuado como nexo entre droguerías y la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras el expediente avanza en Comodoro Py, el cierre de la Andis abre un nuevo capítulo de tensión en un área especialmente sensible por su impacto social.