La sanción del Presupuesto 2026 en el Congreso generó un inmediato y contundente rechazo de gremios docentes, universitarios y del sistema científico, que denunciaron que la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei elimina los pisos legales de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Según advirtieron, el Artículo 30 abre la puerta a un ajuste discrecional que compromete el inicio del ciclo lectivo, el funcionamiento de las universidades y la continuidad de la investigación en todo el país.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, su secretaria general Sonia Alesso calificó la aprobación como una “catástrofe política” y sostuvo que consolida un modelo de país excluyente. Afirmó que el Presupuesto implica un retroceso profundo en todos los niveles educativos, con un vaciamiento del sistema público, mientras los recursos del Estado se orientan al pago de intereses de la deuda y a otras prioridades del Ejecutivo.

La dirigente advirtió que el impacto del ajuste recaerá con mayor fuerza sobre las provincias, que verán seriamente limitada su capacidad para sostener salarios y servicios básicos. En ese contexto, anticipó un escenario de alta conflictividad social durante 2026 y remarcó que el recorte no solo es económico, sino también político e ideológico, al cuestionar el rol histórico del Estado en la educación pública.

Desde el ámbito universitario, referentes de CONADU Histórica señalaron que el Presupuesto profundiza un desfinanciamiento que no tiene precedentes recientes. Indicaron que una parte sustancial de la producción científica del país se desarrolla en universidades nacionales que hoy no cuentan con fondos suficientes para investigación y extensión, y alertaron que el deterioro salarial ya está provocando renuncias docentes y abandono de estudios, poniendo en duda el inicio del próximo ciclo lectivo.

Los gremios también cuestionaron que el Artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, como la asignación de un porcentaje del PBI a educación y el esquema de financiamiento progresivo del sistema científico. Denunciaron que, al quedar sujeto a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, el financiamiento pierde previsibilidad y deja en una situación crítica a organismos estratégicos como el CONICET y el INTA.

Desde el sistema científico-tecnológico, representantes sindicales del INTA alertaron que el recorte impacta de manera directa en el trabajo territorial con pequeños y medianos productores y en las economías regionales. Señalaron que el ajuste ya se traduce en retiros voluntarios, centralización operativa y pérdida de capacidades técnicas, debilitando la presencia del Estado y afectando la producción y la soberanía alimentaria.

Ante este panorama, los sindicatos anticiparon un año de fuerte conflictividad en el sistema educativo y científico si no se modifica el esquema de financiamiento aprobado. Advirtieron sobre el riesgo de parálisis de actividades y un mayor deterioro salarial, y subrayaron que la discusión excede lo presupuestario y se inscribe en la defensa de la educación pública, la ciencia y el desarrollo nacional.