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Escándalo por el oro argentino: la Justicia obliga al Gobierno a explicar qué hizo con las reservas del Banco Central

Por: Carlos Rodriguez

Un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal ordenó al Banco Central revelar el destino del oro enviado al exterior en 2024. La decisión expone una maniobra clave del Gobierno que hasta ahora se mantenía bajo hermetismo.

La Justicia puso bajo la lupa una de las decisiones más sensibles del Gobierno de Javier Milei y obligó al Banco Central de la República Argentina a informar qué ocurrió con los lingotes de oro que fueron enviados al exterior en junio de 2024. La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo previo y ordenó al organismo monetario brindar detalles completos sobre la operatoria.

El tribunal sostuvo que se trata de un asunto de alto interés público, ya que involucra directamente la administración de las reservas internacionales del país. En ese sentido, remarcó que no resulta admisible mantener en secreto una operación de semejante impacto económico sin fundamentos específicos que lo justifiquen.

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La causa se originó a partir de un amparo presentado por la Asociación Bancaria, encabezada por el diputado nacional Sergio Palazzo, que reclamó acceso a la información pública vinculada al traslado del oro. En una primera instancia, la Justicia había rechazado el pedido al considerar que los datos estaban protegidos por la normativa que resguarda la estabilidad del sistema financiero.

Tras la apelación del gremio, los jueces concluyeron que el Banco Central no logró demostrar de qué manera la difusión de esa información podría afectar al sistema bancario. Según el fallo, el organismo se limitó a realizar afirmaciones generales sin aportar pruebas concretas que avalaran la aplicación de las excepciones previstas por la ley.

Desde la Asociación Bancaria celebraron la resolución y destacaron que reafirma el deber de los funcionarios públicos de rendir cuentas. Palazzo sostuvo que ocultar información sobre las reservas impide el control ciudadano y debilita la transparencia sobre decisiones que inciden de manera directa en la economía y la soberanía financiera.

El envío del oro al exterior había generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores. En su momento, el Banco Central confirmó que se trató de una transferencia entre cuentas, pero evitó precisar montos, destinos y condiciones. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida al asegurar que mantener el oro fuera del país permite obtener un rendimiento financiero.

Las críticas se intensificaron desde la oposición y el ámbito académico. El exministro de Economía Martín Guzmán advirtió que la operación podría estar vinculada a acuerdos financieros mediante los cuales el oro se entrega como garantía a cambio de dólares, lo que implicaría el riesgo de perder el activo si no se cumplen las condiciones pactadas.

En su resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani ordenaron al Banco Central que entregue la información solicitada o que explique de manera detallada y específica por qué cada dato podría comprometer al sistema financiero. Además, subrayaron que el acceso a la información pública es un pilar esencial del sistema democrático.

El fallo se conoció en un contexto de fuerte tensión económica, con vencimientos de deuda y negociaciones financieras en curso. En ese escenario, la Justicia consideró indispensable que la sociedad conozca qué se hizo con uno de los activos más estratégicos del país: el oro que integra las reservas del Banco Central.

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