La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei volvió a ocupar el centro de la escena política y social tras la movilización convocada por la CGT y otros sindicatos en rechazo al proyecto. Aunque el debate legislativo fue postergado para febrero, el contenido de la iniciativa ya provocó un fuerte choque entre el Gobierno y el movimiento obrero.

La propuesta oficial va más allá de una modificación puntual del régimen laboral. Según analistas y especialistas en empleo, el proyecto apunta a un rediseño profundo del mundo del trabajo, con cambios estructurales que impactan en los derechos laborales, el rol de los sindicatos y la distribución del ingreso. Desde esta mirada, la reforma busca disciplinar a la fuerza laboral, debilitar la organización sindical y mejorar la rentabilidad empresaria a través de una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital.

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Economistas y expertos en mercado laboral coinciden en que no existe evidencia empírica de que una reforma laboral, por sí sola, genere más empleo. Sostienen que la variable decisiva para la creación de puestos de trabajo es el nivel de actividad económica. En ese marco, advierten que el rumbo actual presenta señales preocupantes, ya que 2025 podría convertirse en el primer año desde 1983 en el que, aun con crecimiento económico, no se generen nuevos empleos formales y se registre una pérdida neta de puestos de trabajo.

Los antecedentes históricos refuerzan estas críticas. Estudios comparativos muestran que las reformas flexibilizadoras no mejoran el empleo ni la productividad, pero sí aumentan la desigualdad. En Argentina, los períodos de mayor creación de empleo coincidieron con marcos de mayor protección laboral, mientras que las reformas aplicadas en los años noventa se desarrollaron en un contexto de aumento del desempleo y la informalidad.

Desde el ámbito académico, un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín advirtió que el proyecto oficial no favorece la formalización ni mejora la calidad del empleo. Por el contrario, señala que habilita un deterioro salarial, debilita la negociación colectiva, restringe la acción sindical y afecta el financiamiento del sistema de seguridad social.

Uno de los puntos más cuestionados es la mayor discrecionalidad que se otorga a los empleadores en la organización del tiempo de trabajo. La posibilidad de jornadas extendidas, bancos de horas y fraccionamiento de vacaciones es señalada como un mecanismo que diluye el pago de horas extras, reduce los tiempos de descanso y profundiza la precarización laboral, con impacto directo en la vida cotidiana de los trabajadores.

La reforma también introduce cambios que afectan de lleno a los sindicatos. Especialistas advierten que el proyecto apunta a debilitar su capacidad financiera y su rol social, al limitar mecanismos de recaudación, recortar aportes y afectar el financiamiento de las obras sociales. Esto no solo condiciona la negociación salarial, sino también los servicios de salud y asistencia que los gremios brindan a millones de afiliados.

Otro eje central es la fragmentación del mundo del trabajo. La descentralización de la negociación colectiva y la promoción de convenios por empresa o región podrían derivar en condiciones laborales desiguales para tareas similares, fomentando la competencia entre trabajadores y debilitando el poder de negociación colectiva. A esto se suma la ampliación de las restricciones al derecho de huelga, que, según estimaciones técnicas, alcanzaría a millones de trabajadores adicionales.

En el plano fiscal, la reforma se articula con el esquema económico general del Gobierno. La creación de un fondo para cubrir despidos, financiado con aportes patronales que actualmente se destinan al sistema previsional, es señalada como una transferencia directa de recursos hacia el sector privado. Especialistas advierten que esta medida implicaría una caída significativa de los ingresos destinados a jubilaciones y prestaciones sociales.

Para los sectores críticos, la reforma laboral no es una iniciativa técnica ni aislada, sino una decisión profundamente política. Su objetivo de fondo sería modificar la relación de fuerzas en el mundo del trabajo y consolidar un modelo económico con menor protección laboral, sindicatos debilitados y mayor concentración del ingreso. En ese escenario, la disputa se proyecta tanto en las calles como en el Congreso, donde el debate sobre el modelo de desarrollo y el futuro del empleo aparece como uno de los ejes centrales de cara a los próximos años.