La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a encontrar un obstáculo en el Senado. Si bien La Libertad Avanza logró este martes el dictamen en comisión, no consiguió el respaldo político necesario para avanzar en el recinto y resolvió postergar su tratamiento hasta el 10 de febrero de 2026, en una señal clara de debilidad parlamentaria.

La decisión fue anunciada por Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria y titular del cuerpo, tras la finalización de la ronda de expositores en la comisión de Trabajo y Previsión Social. Aunque el dictamen fue firmado, quedó abierto a modificaciones y el debate se pospuso a pedido de distintos sectores, ante la falta de consenso interno.

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El despacho de mayoría reunió nueve firmas, varias de ellas en disidencia. Senadores de bloques considerados aliados, como la UCR y fuerzas provinciales, acompañaron el dictamen pero dejaron constancia de objeciones de fondo. Entre ellos estuvo Beatriz Ávila, cercana al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, mientras que otros legisladores optaron por respaldar el texto con reparos explícitos.

La postergación se definió luego de una jornada políticamente adversa para el Gobierno. Mientras la comisión avanzaba con la reforma, la CGT y las CTA se movilizaban a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto. En paralelo, en la Cámara de Diputados, el oficialismo sufría un revés con sus aliados, que se negaron a acompañar artículos centrales del Presupuesto 2026, en especial los vinculados al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad.

El escenario se tensó aún más durante la madrugada, cuando Diputados tomó juramento a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación. La decisión provocó una dura reacción del PRO, que vio frustrado su intento de ubicar a Jorge Triaca en ese organismo y acusó al oficialismo de romper acuerdos políticos.

El dictamen incorporó algunas modificaciones respecto del texto original. Se estableció que los salarios deberán abonarse en moneda nacional o extranjera, se eliminó la posibilidad de pago en especies, habitación o alimentos, se amplió hasta 18 cuotas el plazo para el pago de indemnizaciones en micro y pequeñas empresas y se ajustaron las cláusulas de ultraactividad de los convenios colectivos. Sin embargo, se mantuvo el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral a través de la Anses.

Desde la oposición consideraron insuficientes los cambios. El bloque Justicialista encabezó el rechazo y otros espacios optaron por no firmar el dictamen. Legisladores peronistas cuestionaron la constitucionalidad del proyecto y advirtieron que vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución y tratados internacionales.

Con este panorama, la Casa Rosada deberá convocar a sesiones extraordinarias en febrero si pretende llevar la reforma laboral al recinto. Mientras tanto, el Senado continuará con el tratamiento de otras iniciativas, como la ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto, en un contexto en el que el oficialismo confía en reunir apoyos, aunque con un margen político mucho más estrecho del previsto.