La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general el Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei, aunque el oficialismo sufrió una derrota política de peso al no lograr avanzar con la derogación del financiamiento universitario y de la ley de emergencia en discapacidad, dos normas que el Ejecutivo había intentado eliminar a través del articulado.

La sesión comenzó a las 14 y se extendió hasta la madrugada, marcada por negociaciones intensas y un clima de fuerte tensión política. Pese a los esfuerzos del oficialismo para reunir los votos necesarios, el capítulo 11 del proyecto fue rechazado por 123 votos contra 117 y dos abstenciones, dejando sin efecto el intento de derogar leyes que ya habían sido ratificadas por el Congreso tras el veto presidencial.

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La votación representó el tercer revés del Gobierno en menos de seis meses en torno a estas normas, si se consideran su sanción original, la insistencia parlamentaria luego del veto y ahora el intento de eliminarlas mediante la ley de Presupuesto. En la misma instancia también fueron rechazadas la desindexación de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones familiares, así como modificaciones a la ley de zona fría.

El oficialismo buscaba profundizar el ajuste fiscal y avanzar sobre leyes aprobadas con mayorías agravadas, envalentonado tras el resultado electoral de octubre. Sin embargo, la estrategia no logró sostenerse ni siquiera con el acompañamiento de aliados circunstanciales, ya que legisladores de Catamarca, Tucumán y Salta votaron en contra del capítulo cuestionado.

En un intento de último momento por evitar la derrota, el Gobierno incorporó al texto la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, administrado por el Consejo de la Magistratura. La maniobra fue duramente cuestionada por la oposición, que denunció presiones y condicionamientos.

Las abstenciones de dos diputados radicales resultaron determinantes para inclinar el resultado final. Desde los bloques opositores celebraron la votación y remarcaron que se trató de una defensa de leyes vigentes que el Ejecutivo está obligado a cumplir, mientras advirtieron que el capítulo rechazado habría sido judicializado por violar la Ley de Administración Financiera.

Con la caída del capítulo completo, el Gobierno no solo perdió la posibilidad de avanzar sobre el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, sino también compromisos políticos asumidos durante las negociaciones, como el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, dejando expuestas las dificultades oficiales para imponer su agenda en el Congreso.