El Gobierno nacional avanzó este martes en el Congreso con una maniobra que generó fuerte polémica política y social. A través de modificaciones de último momento en el Proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo impulsó la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas este año por amplias mayorías parlamentarias.

Los cambios fueron incorporados directamente en el texto presupuestario y permitieron al oficialismo obtener dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De esta manera, el Ejecutivo avanzó en una estrategia que apunta a desfinanciar dos sectores sensibles y a dejar sin efecto normas que habían sido ratificadas incluso tras los vetos presidenciales.

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La maniobra tomó por sorpresa a la oposición y a los sectores involucrados, ya que el proyecto contaba con dictamen previo y las modificaciones fueron presentadas horas antes de la reunión de comisión. El nuevo texto incluye el artículo 75, que deroga las leyes 27.793 y 27.795, vinculadas a la emergencia en discapacidad y al financiamiento del sistema universitario.

Si bien el presidente Javier Milei había promulgado ambas leyes antes de las elecciones generales de octubre, su implementación quedó virtualmente paralizada por la falta de asignación de partidas. Desde el Ejecutivo insistieron en que el Congreso no había definido el origen de los fondos, mientras que los aumentos otorgados de manera discrecional resultaron muy inferiores a lo establecido por las normas.

Desde el ámbito universitario advirtieron que la decisión vuelve a encender un escenario de alta conflictividad. Representantes docentes señalaron que el Gobierno fijó aumentos salariales de forma unilateral para 2026 y continúa sin convocar a paritarias, lo que profundiza el malestar en la comunidad educativa.

En el caso de la discapacidad, la tensión se agravó luego de un fallo de la justicia federal de Campana que ordenó al Estado aplicar la ley y garantizar los fondos para recomponer la situación de prestadores e instituciones afectadas por el ajuste. Referentes del sector interpretaron el intento de derogación como una respuesta directa a esa resolución judicial.

El dictamen también incorpora el artículo 77, que modifica la ley 13.478 y elimina la posibilidad de otorgar pensiones a personas con Certificado Único de Discapacidad. Organizaciones y prestadores denunciaron que la iniciativa apunta a desmantelar el sistema de apoyo y asistencia construido durante décadas.

Desde el peronismo anticiparon un rechazo total al proyecto y aseguraron que trabajarán para restituir ambas leyes en el recinto. La definición ahora quedará en manos de los bloques dialoguistas y de los aliados del oficialismo, que semanas atrás habían acompañado estas normas con un amplio consenso legislativo.