La Asociación de Trabajadores del Estado realizará este martes un paro nacional con movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Desde las 11, estatales y organizaciones sociales avanzarán hacia el Parlamento para exigir que se frene un proyecto que consideran un retroceso histórico en derechos laborales.

El Gobierno prevé presentar en las próximas horas la iniciativa que será tratada en sesiones extraordinarias. El borrador que trascendió incluye cambios profundos: reducción de indemnizaciones con un Fondo de Asistencia para despidos, limitaciones al derecho a huelga, ampliación de la jornada laboral y mayor peso para los convenios por empresa por sobre los convenios por actividad.

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Rodolfo Aguiar, titular de ATE, sostuvo que la reforma “busca disciplinar a la fuerza de trabajo” y que no generará mejoras en la competitividad. Advirtió además que modelos similares aplicados durante la crisis de 2009 “fracasaron” y recordó que los períodos de mayor crecimiento del empleo en la Argentina coincidieron con etapas de mayor protección laboral.

En la misma línea, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, alertó que la iniciativa pone en riesgo la existencia de la organización sindical, los convenios colectivos y la estabilidad de los trabajadores. Señaló que el proyecto podría habilitar la eliminación de indemnizaciones y multiplicar los contratos precarios.

La protesta también se enmarca en la preocupación por una posible ola de despidos en la administración pública. El Gobierno analiza recortar hasta un 10 por ciento de la planta estatal, con miles de contratos que vencen el 31 de diciembre. La medida sería impulsada por Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, y alcanzaría organismos clave como el Indec, Conicet, Anses, Enacom, INTI e INTA.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales realizarán acciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Los movimientos nucleados en Territorios en Lucha se concentrarán en el Congreso para reclamar la actualización del salario social complementario, congelado en 78 mil pesos, y la reactivación de obras para urbanizar barrios populares.

También exigirán la restitución de alimentos a comedores, el freno a la apertura de importaciones que afecta a textiles, cartoneros y productores de agricultura familiar, y el restablecimiento del vínculo entre la Asignación Universal por Hijo y la fórmula de movilidad jubilatoria, eliminado en el proyecto de Presupuesto 2026.

El clima social se tensa a horas de que el Gobierno envíe su reforma al Congreso, mientras sindicatos y organizaciones advierten que la protesta de hoy es apenas el inicio de un conflicto que podría escalar en las próximas semanas.