El Coimagate atraviesa su momento más tenso luego de que este viernes concluyera la primera ronda de indagatorias en Comodoro Py. Los últimos tres citados se presentaron ante el juez Sebastián Casanello, pero al igual que la mayoría de los imputados, optaron por no declarar. Con esa etapa terminada, el magistrado debe resolver ahora si dicta procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos, mientras el fiscal Franco Picardi prepara nuevas citaciones para profundizar el circuito del dinero ilegal que habría salido de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La investigación sumó un nuevo conflicto tras el reciente fallo de la Cámara Federal porteña, que ordenó verificar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo íntimo del presidente Javier Milei. Aunque esas grabaciones no eran prueba central para el expediente, las defensas pidieron su nulidad y los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico dispusieron que se analicen en profundidad, una decisión que para fuentes judiciales “entorpece” el avance del caso en un momento clave.

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Los indagados de este viernes fueron Andrés Arnaudo, presidente de Droguería Genesis S.A.; Silvana Escudero, titular de New Farma S.A. y ex presidenta de Droguería Floresta S.A.; y Alejandro Fuentes Acosta, presidente de Floresta S.A. Todos vinculados al entramado de droguerías señaladas como beneficiarias del sistema ilícito denunciado dentro de la ANDIS. Ninguno declaró.

Esa misma estrategia fue replicada por los imputados considerados más comprometidos: Spagnuolo; Daniel Garbellini, ex titular de Incluir Salud; Miguel Ángel Calvete, señalado como jefe de la asociación ilícita; y Pablo Atchabahian, ex funcionario de la agencia y detenido. Tampoco hablaron otros seis indagados entre administrativos, operadores y socios ligados a la presunta maniobra.

Solo dos imputados decidieron romper el silencio. Eduardo “Pino” González, exdirector de Apoyos y Asignaciones Económicas, afirmó que los hechos ocurrieron bajo la órbita de Garbellini y aseguró haber sido sancionado por no alinearse con sus decisiones. Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias y único en responder preguntas, apuntó directamente contra su ex jefe y señaló que siempre actuó bajo sus órdenes.

Con ese cuadro, la causa se encamina a una segunda etapa centrada en el camino del dinero y en posibles maniobras de blanqueo. En ese eje aparecen nombres como Sergio Mastropietro —dueño de Baires Fly y considerado figura clave en la presunta ruta financiera—, Alan Pocoví y Sebastián Nuner Uner, director de la droguería Suizo Argentina. La situación de Mastropietro genera especial preocupación: su teléfono debía ser secuestrado al ingresar al país, pero nunca llegó a manos judiciales, lo que motivó una denuncia de Casanello contra personal de Migraciones y la PSA.

Mientras tanto, la resolución de la Cámara agrega un condimento inesperado. Al reabrir la discusión sobre los audios atribuidos a Spagnuolo, pone bajo tensión un expediente que ya enfrenta resistencias políticas y fuertes disputas entre las partes. Ahora, el juez debe avanzar con decisiones centrales mientras una prueba secundaria —pero explosiva en términos institucionales— vuelve a colocarse en el centro del escenario.

El Coimagate entra así en su fase más decisiva, con la Justicia obligada a definir responsabilidades, reconstruir el camino del dinero y lidiar con un fallo que reaviva la polémica en el peor momento posible.