La investigación por la estafa internacional vinculada al proyecto cripto $LIBRA dio un giro inesperado y encendió alarmas en la justicia estadounidense. Una billetera digital identificada como “Milei”, señalada como parte del entramado financiero del fraude, transfirió más de US$9 millones hacia otras direcciones anónimas tras nueve meses de total inactividad. El movimiento ocurrió horas antes de que la jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, citara a Hayden Davis y a otros acusados para evaluar el posible congelamiento de activos.

Las operaciones fueron detectadas por el especialista Fernando Molina, cuyas alertas llegaron de inmediato a los abogados de las víctimas. Temen que la velocidad en la dispersión de los fondos complique su rastreo y que el dinero termine fuera del alcance de la justicia. Según el seguimiento, mientras se notificaba la convocatoria judicial, apenas quedaban sin mover US$800 mil del total inicial, que terminó dividido en nuevas direcciones, algunas dentro de la red TRON, poco habitual para Davis. Esto abrió interrogantes sobre quién más pudo intervenir en las maniobras.

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Davis había asegurado tiempo atrás que controlaba unos US$100 millones supuestamente destinados al proyecto $LIBRA y que ese dinero provenía de Argentina y del propio Gobierno. Parte de esos fondos se alojaba en la billetera “Milei”, que no registró actividad desde febrero hasta las transferencias recientes. La situación se vuelve todavía más compleja porque las billeteras involucradas eran de tipo “multisig”, un formato que exige la autorización de al menos tres personas para mover fondos.

El expediente judicial no es ajeno a las implicancias políticas. En octubre, la jueza Rochon mencionó que algunas pruebas podrían sugerir beneficios para Javier Milei, su hermana Karina y el propio Davis, aunque remarcó que la evidencia no era concluyente para inculpar formalmente al Gobierno argentino. Aun así, la polémica creció.

Paralelamente, en Argentina avanzan investigaciones sobre empresarios vinculados al ecosistema cripto, entre ellos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes tienen bienes congelados y están bajo análisis por posibles conexiones con maniobras similares.

El informe final de la Comisión Investigadora del Congreso profundizó las sospechas. Allí se señaló que el Presidente fue la primera persona en difundir el número de contrato del proyecto, un dato que no era público, y se detallaron flujos de dinero entre Davis, Novelli, Terrones Godoy y otros involucrados, coincidencias que, según el organismo, habrían intentado “monetizar” la imagen presidencial. La Comisión sostuvo que la participación de Milei fue “imprescindible”.

El documento también vinculó esta trama con otra operación detectada en diciembre de 2024 sobre la moneda digital de KIP Protocol, también promocionada por el mandatario, y afirmó que la reiteración de patrones desmiente la versión del Presidente sobre desconocimiento de los proyectos.

Tras su presentación al fiscal Eduardo Taiano, el informe concluyó que Javier y Karina Milei tienen responsabilidad política en el caso y anticipó denuncias penales contra funcionarios que habrían dificultado el acceso a información clave durante la investigación parlamentaria.