El Gobierno nacional encendió una nueva polémica en torno a la política energética. En el Presupuesto 2026, el artículo 74 abre la puerta a que las distribuidoras eléctricas reclamen compensaciones por los congelamientos tarifarios aplicados desde enero de 2002, una decisión que podría costarle al Estado más de 3.600 millones de dólares.

El texto, enviado al Congreso, establece que la Secretaría de Energía deberá calcular las “diferencias de ingresos percibidos y los que hubieran correspondido” a las empresas durante los años de emergencia económica. Esos montos servirán de base para que las compañías nacionales, provinciales y municipales exijan reparaciones por supuestos perjuicios acumulados en dos décadas.

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La medida cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, quien asegura que el objetivo es “reparar distorsiones históricas” del sistema eléctrico. Sin embargo, asociaciones de consumidores y especialistas advirtieron que la norma podría desatar una ola de juicios contra el Estado, con consecuencias fiscales imprevisibles y un impacto directo sobre las tarifas.

“Si se aprueba la normativa tal como está, las distribuidoras podrán demandar al Estado nacional, generando un daño enorme para toda la población, que ya absorbió esos costos con los aumentos de los últimos años”, señaló Fernanda Lacey, de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Por su parte, Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), afirmó que el Gobierno “quiere reconocer una deuda de 3.600 millones de dólares” con Edenor y Edesur, y advirtió que las distribuidoras provinciales podrían reclamar montos adicionales. “Después de las elecciones, varios gobernadores con deudas con Cammesa seguramente apoyarán estas medidas para equilibrar sus cuentas”, apuntó.

Las organizaciones de defensa del consumidor presentaron un documento ante el Congreso en el que califican el artículo 74 como una “pretensión abusiva y desproporcionada” que vulnera los principios básicos del derecho administrativo y expone al Estado a reclamos internacionales.

“El reconocimiento del Estado a favor de las distribuidoras implica una renuncia a los efectos protectores de las leyes de emergencia económica”, señalaron desde la comisión de usuarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que pidió eliminar el artículo del texto presupuestario.

Bussetti también recordó que las tarifas “ya están dolarizadas” y que los aumentos recientes “superan la inflación”, lo que —según remarcó— confirma que el Presupuesto 2026 busca consolidar una política energética “en beneficio de las grandes empresas y en detrimento de los usuarios”.