El presidente Javier Milei dio un paso decisivo en su plan de privatizaciones al habilitar la venta total de cuatro de las centrales hidroeléctricas más importantes del país. A través de la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó modificaciones al concurso internacional para desprenderse de las sociedades que administran Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Con esta medida, el Gobierno avanza hacia la transferencia completa de los activos energéticos ubicados en Neuquén y Río Negro, responsables de generar alrededor del 20% de la energía hidroeléctrica nacional. Los futuros adjudicatarios controlarán las represas por 30 años, con posibilidad de prórroga, a cambio de un canon anual al Estado y bajo ciertas exigencias ambientales. El objetivo oficial es cerrar las adjudicaciones antes de fin de año, para que los contratos entren en vigencia en el primer trimestre de 2026.

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Las modificaciones se suman a una serie de medidas iniciadas en 2024, cuando la Secretaría de Energía ordenó a Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina crear cuatro sociedades anónimas para gestionar transitoriamente las centrales del Comahue, tras el vencimiento de las concesiones privadas de los años noventa. Luego, los decretos 286 y 590 de 2025 abrieron la puerta a la venta total de Enarsa y a la transferencia de las acciones a la Secretaría de Energía para su licitación sin precio base.

El anuncio encendió alarmas en los gobiernos de Neuquén y Río Negro, que reclaman mayor participación en el control de los recursos hídricos. “La reversión de las concesiones debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal”, advirtió el gobernador neuquino Rolando Figueroa, mientras que desde Río Negro señalaron que la reprivatización “afecta intereses provinciales y ambientales”.

Exfuncionarios también cuestionaron el proceso. El exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, alertó que los pliegos “dolarizan los ingresos de las empresas” y los ajustan según la inflación estadounidense, lo que podría exponer al país a litigios internacionales si no se cumplen las condiciones.

La venta se ampara en la Ley 23.696 de Reforma del Estado, la misma que en los años noventa habilitó las privatizaciones masivas durante el menemismo. Los críticos advierten que, además de la generación eléctrica, las represas del Comahue cumplen funciones estratégicas en la regulación de caudales, el abastecimiento de agua y la actividad agrícola y turística regional.

Aunque el Gobierno promete incluir cláusulas ambientales y de seguridad en los contratos, aún no se difundieron los estudios técnicos que garanticen su cumplimiento. Con esta medida, Milei profundiza su plan de achicamiento del Estado y privatización de los recursos públicos, en medio de crecientes advertencias sobre el impacto que podría tener en la soberanía energética del país.