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Estalla la bronca en el Día de la Discapacidad: marchas masivas contra Milei por recortes, abandono y un sistema al borde del colapso

Por: Carlos Rodriguez

Organizaciones, familias y prestadores se movilizan el 3 de diciembre contra el Gobierno por terapias interrumpidas, recortes en pensiones, falta de aplicación de la Ley de Emergencia y el escándalo de coimas en la ANDIS. Denuncian un deterioro sin precedentes.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad estará marcado este año por una protesta inédita. Organizaciones de todo el país, familias y prestadores anunciaron que marcharán contra el Gobierno nacional en rechazo a lo que describen como un retroceso acelerado de derechos, el recorte de prestaciones esenciales y un abandono estatal que consideran sin precedentes.

Los reclamos se concentran en la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el ajuste sobre las pensiones por invalidez, las demoras de Incluir Salud y la interrupción de terapias que afectan tanto a niños como a adultos en todo el territorio. A esto se suma el impacto político del escándalo de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, un episodio que profundizó el malestar y avivó las denuncias contra la gestión oficial.

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La movilización comenzará frente a la sede de la ANDIS y avanzará hacia el Congreso, donde confluirá con jubilados y organizaciones sociales. También estarán presentes trabajadores del Hospital Garrahan, que participarán de una conferencia de prensa previa a la marcha multisectorial. La convocatoria promete reunir a referentes de distintas provincias, reflejando una preocupación que atraviesa al país entero.

El descontento viene creciendo desde hace meses. Hubo protestas en Olivos, Congreso, Plaza de Mayo y frente a la propia ANDIS, donde cientos de familias reclamaron por pagos atrasados, congelamientos y la caída de servicios esenciales. Según coinciden los manifiestos de las organizaciones, la calle se volvió la única herramienta posible para frenar recortes que —aseguran— el Gobierno se niega a reconocer.

Uno de los relatos que reflejó el nivel de desesperación es el de la actriz Valentina Bassi, quien advirtió que su hijo con Trastorno del Espectro Autista podría quedar sin escolaridad adecuada debido al derrumbe del sistema de prestadores. Alertó que muchas escuelas especiales están en riesgo de cierre por deuda estatal, falta de fondos y aranceles congelados que impiden sostener planteles docentes.

Los datos acompañan las denuncias. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia informó que el programa Incluir Salud sufrió un recorte real acumulado de 300 mil millones de pesos desde el inicio del actual gobierno. Este programa financia medicamentos de alto costo y servicios fundamentales para casi medio millón de personas con discapacidad, por lo que las consecuencias ya se hacen visibles.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, fue vetada, luego promulgada por obligación, pero nunca implementada de manera efectiva. Las organizaciones aseguran que no se asignaron los fondos correspondientes y que la reglamentación quedó paralizada mientras la ANDIS otorgó aumentos muy por debajo de lo previsto.

El ajuste sobre las pensiones por invalidez agravó aún más la situación. Auditorías sin respaldo técnico, notificaciones masivas y largas filas de beneficiarios en la sede de la agencia marcaron meses de tensión. Aunque la Justicia ordenó restituir cerca de 200 mil pensiones recortadas, desde el Gobierno dejaron abierta la puerta a nuevas reducciones para 2026.

REDI y otras organizaciones señalaron que debieron recurrir incluso a organismos internacionales para denunciar lo que consideran una política sistemática de desprotección. Afirman que el escándalo de las coimas dentro de la ANDIS fue el único freno provisional al avance del ajuste.

A pesar del desgaste, el colectivo sostiene que logró instalar el tema en la agenda pública y fortalecer la organización. Consideran que la marcha del 3 de diciembre será un punto de inflexión: un acto de resistencia frente a un Gobierno al que acusan de haberlos convertido en blanco de sus políticas de recorte.

Para quienes convocan, la movilización no es solo una protesta, sino un mensaje urgente: si no se revierten las decisiones oficiales, las consecuencias para cientos de miles de personas con discapacidad podrían ser irreparables.

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