La causa que instruyen el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello destapó un entramado de sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. Según los peritos, la compra de medicamentos esenciales para cáncer, artritis severa y enfermedades autoinmunes se realizó a valores hasta tres veces superiores a los abonados por PAMI y diversas obras sociales provinciales.

Uno de los ejemplos más alarmantes es el del Daratumumab, un fármaco clave para tratar el mieloma múltiple. Mientras PAMI, IOMA, APROSS y OBSBA lo obtenían a 2.039.000 pesos por unidad, la ANDIS lo pagaba 5.996.137,70 pesos. Esa diferencia supone un perjuicio cercano a cuatro millones de pesos por paciente cada mes, en terapias indispensables para extender la vida de personas con cuadros graves.

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Algo similar ocurrió con el Ustekinumab 90, utilizado para psoriasis severa, artritis y enfermedades intestinales. PAMI lo adquirió a 6.207.000 pesos, pero la agencia desembolsó 11.909.591,45. En el caso del Golimumab 50 mg, empleado en patologías reumáticas y sangrados intestinales, el organismo llegó a pagar 4.295.961,35 pesos, casi el triple de los valores registrados en obras sociales.

El análisis técnico incorporado al expediente apunta a un mecanismo basado en restringir concursos de precios a un grupo acotado de droguerías vinculadas, según la investigación, a Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Durante los allanamientos, la Justicia encontró depósitos vacíos y ausencia total de medicamentos, lo que reforzó la hipótesis de que actuaban como intermediarios ficticios mientras los productos provenían de terceros.

Uno de los hechos más llamativos fue la acelerada habilitación de Droguería Génesis, la principal adjudicataria de los fármacos cuestionados. La empresa recibió autorización el 12 de julio de 2024 y menos de dos semanas después ya participaba de compulsas millonarias, incluso en procesos que otorgaban apenas una hora y media para presentar cotizaciones.

Los concursos de precios reducidos, en los que solo se autorizaba la participación de estas droguerías, mostraron incrementos abruptos respecto de las compulsas generales. En varios casos, los valores de los medicamentos duplicaron o triplicaron sus montos cuando las ofertas quedaron limitadas a Génesis y Profarma.

La causa también incorpora conversaciones entre funcionarios y representantes de droguerías en las que se discuten directivas, montos y adelantos de dinero. Según el fiscal, incluso habría habido entregas de efectivo a Spagnuolo, quien registraba un nivel de gastos que no coincidía con sus ingresos declarados. El expediente suma además datos patrimoniales de los empresarios involucrados, con propiedades, vehículos y compras de alto valor.

Las sospechas alcanzan además a exfuncionarios como Daniel Garbellini y a personas vinculadas a Droguería Suizo Argentina. Entre los episodios denunciados figura el acceso irregular de una empleada de un laboratorio privado a los sistemas de concursos de ANDIS mediante un usuario falso.

La investigación continúa su curso y no descarta que la responsabilidad se extienda a niveles más altos del Gobierno. Varios de los implicados evitaron declarar y otros renunciaron a cargos en organismos nacionales y empresas del sector tras ser señalados en el expediente. Para la Justicia, el sistema de sobreprecios en medicamentos destinados a personas con enfermedades graves constituye el centro de una maniobra que habría desviado miles de millones de pesos públicos.