El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei genera un nuevo foco de conflicto social y político. La iniciativa contempla la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), actualmente vinculada a la movilidad jubilatoria. La medida impactaría a casi 4,1 millones de niños y adolescentes y responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional en la última revisión del acuerdo.

El artículo 73 del presupuesto también elimina la movilidad de las asignaciones familiares, afectando a los hijos de trabajadores registrados y monotributistas. Esto representa un golpe directo al ingreso de las familias de menores recursos y amenaza con reducir el poder adquisitivo de la prestación en un contexto de alta inflación.

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Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron que esta modificación forma parte de un ajuste más profundo sobre las políticas destinadas a la niñez y adolescencia. Según la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los programas enfocados en este sector sufrieron un recorte del 17% en la primera mitad del año respecto de 2023 y del 36% frente a 2022, mientras que para 2025 se proyecta una caída del 20% en comparación con niveles previos.

El Presupuesto 2026 consolida esta tendencia con la reducción o desfinanciamiento de iniciativas sensibles como el Plan ENIA, que había logrado reducir en un 50% la tasa de embarazo adolescente en cinco años, pero que fue desmantelado en 2024 con el despido de 700 trabajadores. La partida asignada al programa se reduciría un 85% respecto a 2025, ejecutando apenas el 3% de lo invertido en 2023.

La Educación Sexual Integral (ESI) también sufriría un recorte drástico, con un presupuesto proyectado de apenas 239 millones de pesos, el 2% de lo destinado en 2023. En paralelo, las Becas Progresar, fundamentales para jóvenes estudiantes de bajos recursos, acumulan una caída del 75% desde 2023 y continuarían perdiendo valor real.

Incluso el Programa de Acompañamiento para Jóvenes sin Cuidados Parentales, que otorga un ingreso mensual a quienes egresan de hogares institucionales, perdió más del 30% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión libertaria. Además, se eliminan partidas para la construcción de jardines infantiles, comprometiendo la ampliación de la oferta educativa inicial.

Si bien el Gobierno sostiene que la AUH experimentó un aumento real del 90% desde 2023, la eliminación de la movilidad automática y los recortes en otros programas podrían revertir esos avances. Según ACIJ, si la inflación supera el 10% proyectado, la AUH sufriría una fuerte licuación, deteriorando la protección social de millones de chicos.

El ajuste sobre la niñez se perfila como uno de los ejes más controvertidos del plan económico oficial. La discusión en el Congreso será clave para decidir si se aprueba un esquema que, bajo la lógica de cumplir metas fiscales con el FMI, pone en riesgo derechos básicos de la infancia y adolescencia en Argentina.