El Gobierno decidió nuevamente imponer por decreto el aumento del salario mínimo tras otro fracaso del Consejo del Salario, sin acuerdo con los gremios y en un contexto de precios en ascenso. La suba para diciembre, de apenas 6.000 pesos, deja el ingreso básico por debajo del nivel de 2001 y en el último lugar del ranking regional. La medida impacta en trabajadores formales, informales, beneficiarios de planes sociales y algunas jubilaciones, que dependen directamente de este valor. Desde la CGT calificaron el monto como “insuficiente y alejado de la realidad”.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, el salario mínimo aumentó un 79 por ciento, mientras que el transporte y los servicios básicos multiplicaron sus tarifas. El boleto de colectivo subió un 600 por ciento, el de trenes 520 por ciento, el subte 846 por ciento, y las tarifas de luz y gas avanzaron entre 234 y 531 por ciento, profundizando la caída del poder adquisitivo.

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La Resolución 9/2025, publicada este miércoles, estableció aumentos escalonados entre noviembre de este año y agosto de 2026. El salario pasará de 322.200 pesos en octubre a 334.800 en diciembre, y alcanzará 376.600 pesos en agosto del próximo año. En total, la recomposición será de apenas 16,8 por ciento en diez meses. Los sindicatos pedían una suba mucho mayor y los empresarios reclamaban incrementos mínimos.

El detalle confirma que el ajuste será muy limitado: en noviembre el salario mínimo quedó en 328.400 pesos; en diciembre, 334.800; en enero de 2026, 341.000; y así progresivamente hasta alcanzar 376.600 pesos en agosto. El valor por hora, en tanto, subirá de 1.642 a 1.883 pesos. El aumento total de 54.400 pesos queda muy por debajo de la inflación proyectada y consolida el descenso del país al último lugar de la región. Medido en dólares, el salario mínimo equivale a 225 dólares, muy lejos de Costa Rica, que encabeza con 729.

La pérdida del salario frente al costo de vida es sostenida. Entre noviembre de 2023 y octubre pasado, la caída real acumulada fue del 35 por ciento, y en lo que va del año suma 7,7 por ciento, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET. Esto afecta directamente a todos los programas que utilizan este valor como referencia, desde beneficios de seguridad social hasta asistencias destinadas a trabajadores desocupados.

La resolución también actualiza el monto de la prestación por desempleo, fijada entre el 50 y el 100 por ciento del salario mínimo vigente, lo que deja a miles de beneficiarios con ingresos cada vez más rezagados frente al costo de vida.

La CGT rechazó de inmediato el valor dispuesto por el Ejecutivo y afirmó que “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”. Señaló que el nuevo piso de 328.400 pesos queda muy por debajo de la Canasta Básica Total, que asciende a 1.176.852 pesos. La negociación se repitió sin acuerdo, como desde el inicio de la gestión, con los empresarios proponiendo aumentos casi simbólicos y los gremios exigiendo un incremento del 71,6 por ciento para acercarse a la canasta.

Referentes políticos también criticaron la decisión. El ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto, remarcó que el Gobierno fijó el nuevo esquema hasta agosto de 2026 “anulando la negociación”, y aseguró que el salario mínimo cayó al valor real más bajo en tres décadas, con una pérdida superior al 60 por ciento desde 2023. Recordó que en 2011, a valores actuales, equivalía a 895.922 pesos, casi tres veces más que ahora.

Los análisis técnicos refuerzan los cuestionamientos. Hernán Letcher, del CEPA, sostuvo que el incremento “no recupera nada de lo perdido” y señaló que el aumento mensual del 1,157 por ciento queda incluso por debajo de las proyecciones del propio Banco Central. Los sindicatos buscaban volver a los niveles promedio de 2023, mientras que los empresarios reclamaban un valor mucho menor. La decisión del Gobierno, sostuvo, acompañó la postura empresaria.

La tensión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales vuelve a quedar expuesta. Con salarios que no acompañan la inflación, el deterioro también afecta a beneficiarios de planes sociales, jubilaciones mínimas y trabajadores informales. La brecha entre ingresos y precios se sigue ampliando y promete profundizar un cuadro que ya golpea de lleno en los índices de pobreza y en la vida cotidiana de millones de hogares.