La postura de Milei generó críticas de especialistas legales, quienes destacan que su rol institucional implica una responsabilidad mayor y que la libertad de expresión no ampara ataques hacia un niño vulnerable. Andrés Gil Domínguez, abogado de Ian, afirmó que el presidente “desconoce el carácter de niño vulnerable” y que su argumento contraviene la doctrina que protege a los ciudadanos frente al poder estatal.

Mientras la Procuración del Tesoro defiende que la cuenta de Milei no es oficial y que no se trata de un acto estatal, tanto el juez Alberto Recondo como el fiscal Oscar Gutiérrez Eguía ratificaron la competencia federal por el uso de una cuenta verificada como jefe de Estado. Juristas como Marisa Herrera y Sebastián Guidi enfatizan que los derechos de los niños prevalecen sobre la libertad de expresión, y que el peso de la responsabilidad es mayor cuando los ataques provienen del presidente.

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El tuit cuestionado fue un retuit a la cuenta @hombregrisxd que acusaba a Ian y a su madre de vínculos políticos, acompañado por un comentario propio contra el periodista Paulino Rodrigues, que derivó en múltiples agresiones en redes. La defensa de Ian sostiene que la publicación expone y estigmatiza al niño.

Este caso se enmarca en un clima tenso entre el Gobierno y el colectivo de personas con discapacidad, con declaraciones oficiales y resoluciones que algunos expertos califican de peyorativas. Para figuras como Raúl Zaffaroni y Roberto Saba, las expresiones del presidente exceden lo ético e institucional y pueden generar un efecto de silenciamiento sobre otros críticos