El Gobierno nacional dio un paso de fuerte impacto político y económico al avanzar formalmente con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei habilitó el inicio del proceso para desprenderse del control estatal de la empresa y autorizó la venta del 90 por ciento de sus acciones.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía y representa uno de los movimientos más relevantes dentro del programa impulsado por el oficialismo para reestructurar empresas públicas y reducir la participación estatal en distintos sectores.

La normativa lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y habilita la realización de una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, mecanismo mediante el cual el Gobierno buscará transferir la totalidad de la participación accionaria del Estado.

El proceso se desarrollará bajo la modalidad denominada “sin base”, lo que significa que no existirá un precio mínimo preestablecido para la operación.

Según establece el texto oficial, el objetivo será seleccionar un “Operador Estratégico” que asuma el control de la compañía y encabece una nueva etapa de gestión.

La resolución se apoya en las facultades previstas por la Ley 23.696 de Reforma del Estado y el decreto 494/2025, instrumentos normativos utilizados para avanzar en el proceso de privatización.

Uno de los aspectos centrales del esquema diseñado por el Gobierno establece que toda la operatoria se realizará a través de la plataforma estatal CONTRAT.AR, donde se concentrará la información vinculada a la licitación y al procedimiento administrativo.

Además, el Ministerio aprobó un pliego único de bases y condiciones que ya se encuentra disponible para consulta pública y que establece los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar.

La resolución también fija criterios específicos respecto del acceso a la información y aclara que cada participante deberá realizar por cuenta propia el análisis de la documentación disponible.

En ese sentido, el Estado nacional dejó asentado que no aceptará reclamos vinculados al contenido publicado ni planteos posteriores por desconocimiento de los términos del proceso.

El cronograma diseñado prevé además una etapa de difusión pública. El llamado a licitación deberá publicarse durante diez días hábiles tanto en el Boletín Oficial como en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial.

La convocatoria también deberá aparecer en los sitios oficiales del Ministerio de Economía y de AySA.

Según quedó establecido, entre el cierre de esa etapa de difusión y el vencimiento para presentar ofertas deberá existir un plazo mínimo de cuarenta y cinco días corridos.

Dentro de los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que AySA fue incorporada al listado de empresas sujetas a privatización mediante la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Los considerandos de la resolución también mencionan un Informe Circunstanciado elaborado para evaluar alternativas y definir el esquema considerado más conveniente para la empresa.

Allí se sostiene que el objetivo no pasa únicamente por modificar la estructura accionaria, sino por impulsar una transformación profunda y una redefinición integral del funcionamiento del servicio.

El documento incluso habla de una “transformación de importancia refundacional”, una expresión que refleja la magnitud de los cambios que pretende impulsar el Poder Ejecutivo.

La decisión promete abrir un nuevo frente de debate político y económico alrededor del rol del Estado, la gestión de servicios públicos y el futuro de una de las empresas más importantes del sistema sanitario argentino.

Mientras el proceso comienza a ponerse en marcha, el Gobierno avanza con una de las reformas más sensibles de su programa y suma otro capítulo a su plan de reestructuración del sector público.